El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de la ONU, ordenó a Israel detener inmediatamente las operaciones militares en Rafah. La CIJ, con sede en La Haya, emitió la declaración citando que Israel debe «cesar inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la provincia de Rafah, que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física o parcial».
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, al leer el fallo, expresó que las medidas provisionales ordenadas por el tribunal en marzo no abordan plenamente la situación actual en el enclave. También exigió la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamas desde el pasado 7 de octubre. La CIJ declaró que es profundamente preocupante que los rehenes permanezcan en cautiverio y reiteró su llamado a su liberación inmediata e incondicional.
Esta audiencia está relacionada con el caso presentado por Sudáfrica, en el que se acusa a Israel de genocidio. El panel está compuesto por 14 jueces permanentes de países de todo el mundo, más un juez ‘ad hoc’ adicional designado por Israel como parte en el caso.
En respuesta a la decisión, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó una conferencia telefónica con varios ministros de su gobierno para «consultar» sobre la decisión. Israel ha rechazado repetidamente las acusaciones de genocidio del caso, argumentando ante el tribunal que sus operaciones en Gaza son en defensa propia y dirigidas contra los militantes de Hamas que atacaron Israel el 7 de octubre.
Un portavoz del gobierno israelí declaró antes de la decisión que «ningún poder sobre la Tierra impedirá a Israel proteger a sus ciudadanos y perseguir a Hamas en Gaza».
A principios de este mes, Israel lanzó un asalto limitado a la ciudad sureña de Rafah, obligando a cientos de miles de palestinos a huir de una ciudad que se había convertido en refugio para cerca de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la población.
Rafah, situada en el extremo sur de Gaza, también ha sido la principal vía de entrada de ayuda, y las organizaciones internacionales afirman que la operación israelí ha aislado el enclave y ha aumentado el riesgo de hambruna.
La semana pasada, los abogados de Sudáfrica pidieron a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que impusiera medidas de emergencia, afirmando que los ataques de Israel contra Rafah debían cesar para garantizar la supervivencia del pueblo palestino.
Las críticas a Israel por su manera de operar en la guerra de Gaza han ido en aumento, incluso por parte de su aliado más cercano, Estados Unidos, que ha advertido sobre una invasión de la ciudad sureña de Rafah, donde cientos de miles de palestinos han buscado refugio de los combates en otros lugares.
Esta semana, tres países europeos, España, Irlanda y Noruega, han anunciado que reconocerán el Estado palestino, y el fiscal jefe de otro tribunal de la ONU solicitó órdenes de detención contra dirigentes israelíes, junto con funcionarios de Hamas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también está sometido a fuertes presiones en su país para que ponga fin a la guerra. Miles de israelíes se han unido a las manifestaciones semanales para pedir al gobierno que llegue a un acuerdo para traer a los rehenes a casa, temiendo que el tiempo se agote.
