El lunes pasado, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, desató uno de los peores temores de Israel al solicitar una orden de arresto contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su titular de Defensa, Yoav Gallant, por su ofensiva militar en la franja de Gaza. En un movimiento sin precedentes, Khan también solicitó órdenes de arresto para tres miembros de la cúpula de Hamás. Esta petición histórica se basó en la opinión de un panel de expertos independientes y asesores especiales, incluyendo al jurista Kevin Jon Heller, uno de los hombres de confianza de Khan.
Heller, de 52 años y oriundo de Illinois, se ha esforzado por desmitificar la percepción errónea que existe sobre el trabajo de Khan. Aclara que no se puede simplemente solicitar una orden de arresto a los jueces sin tener suficientes evidencias de un crimen que caiga bajo la jurisdicción del TPI, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este proceso de recolección de pruebas puede ser largo y arduo, a menudo resultando en archivos de más de 150 folios con hasta 1.000 notas al pie.
El trabajo de recolección de pruebas comenzó poco después del ataque de Hamás del 7 de octubre y la consecuente ofensiva de Israel sobre Gaza. Una de las mayores dificultades fue obtener testimonios y pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra, ya que Israel rechazó sistemáticamente las peticiones de Khan para que su equipo entrara en Gaza. En su lugar, tuvo que depender de los testimonios proporcionados por supervivientes, familiares de las víctimas, doctores locales, abogados, periodistas y trabajadores de ONG sobre los presuntos crímenes cometidos por el ejército israelí.
En contraste, Khan pudo recabar de primera mano evidencias de las brutalidades cometidas por Hamás durante su visita en diciembre a los kibutz (granjas colectivas) atacados por la milicia palestina. Sin embargo, el fiscal también tuvo que lidiar con presiones externas, especialmente de aquellos que no querían ver a los líderes israelíes incluidos en su anuncio. Heller citó como ejemplo una carta firmada por 12 senadores republicanos que amenazaban con sanciones severas contra Khan y el TPI si se tomaba una decisión en contra de la cúpula política israelí.
Las reacciones a la petición de arrestos de Khan fueron variadas. La Unión Europea dijo que respetaría las decisiones de la Fiscalía del TPI, mientras que países como Estados Unidos y Alemania criticaron que las solicitudes fueran hechas tanto a Netanyahu y Gallant como a Hamás. El presidente de EE UU, Joe Biden, afirmó que no hay equivalencia alguna entre Israel y Hamás.
Netanyahu tachó la acción de la Fiscalía como un ataque contra todo el Estado de Israel, argumentando que el TPI no tiene jurisdicción sobre él, ya que Israel no es signatario del Estatuto de Roma que estableció el tribunal. Algunos países aliados de Israel, como Hungría, también han cuestionado si ejecutarían las órdenes de arresto en sus territorios si el tribunal las aprueba.
Heller acusó a estos críticos de hipocresía, señalando que aplaudieron cuando se ordenó el arresto de Vladímir Putin por crímenes contra Ucrania, a pesar de que Rusia tampoco es signatario del Estatuto de Roma. Añadió que pueden surgir cargos y sospechosos adicionales en este caso a medida que se analicen más pruebas. Heller considera que este día pasará a la historia como uno de los días más trascendentales en la historia del derecho penal internacional, demostrando que el TPI no se limita a casos contra criminales del Sur Global.
Concluyó con optimismo, esperando que la resolución de los jueces ocurra pronto y confiando en que, en caso de ser afirmativa, los países hagan lo correcto y cumplan con sus obligaciones internacionales.
