La reciente investigación del periódico EL PAÍS junto con Lighthouse Reports ha desvelado prácticas alarmantes en países africanos como Marruecos, Mauritania y Túnez, que utilizan fondos de la Unión Europea para detener y desplazar forzosamente a migrantes y refugiados. Esta revelación ha provocado que el partido político Sumar, socio del Gobierno, cuestione las políticas migratorias de la UE.
La formación encabezada por Yolanda Díaz ha presentado una serie de preguntas en el Congreso con el objetivo de aclarar el papel y la responsabilidad de España en estas prácticas. En concreto, se pide explicaciones sobre cómo las fuerzas de seguridad y militares de los mencionados países detienen y abandonan a personas de origen subsahariano en desiertos para evitar su llegada a Europa.
Estas acciones se llevan a cabo como parte de la estrategia migratoria de la UE, que financia a estos países para controlar las rutas migratorias en el continente africano. La investigación también pone de manifiesto que Bruselas conocía estas operaciones desde hace años, y que se llevan a cabo con financiación y apoyo material proporcionado por la UE.
España juega un papel destacado en estas operaciones, proporcionando apoyo logístico (policías, vehículos, formación y tecnología) a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Ministerio del Interior. Sumar cuestiona en sus preguntas cuántos vehículos, suministros y personal proporciona España a estos países y a qué actividades se destina este apoyo logístico.
La estrategia de financiar a países de origen y tránsito para frenar a migrantes que intentan llegar a Europa no es nueva para España. Los primeros acuerdos se remontan a la crisis de los cayucos de 2006 en Canarias, durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y se mantienen hasta la actualidad. Con el tiempo, la financiación ha aumentado y se ha presentado en Bruselas como una receta de éxito contra la inmigración irregular.
A pesar de estas revelaciones, Sumar busca respuestas sobre las acciones que el Gobierno de España pretende llevar a cabo para garantizar el cese de cualquier colaboración con estas prácticas que violan los derechos humanos. También se cuestiona si el Gobierno español posee pruebas que demuestren el abandono de migrantes en zonas remotas por parte de las autoridades mauritanas.
Estrella Galán, candidata de Sumar para los comicios europeos, ha expresado su intención de exigir una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para dirimir responsabilidades y denunciar el mal uso de los fondos comunitarios. Además, ha asegurado que exigirán mecanismos de vigilancia para garantizar que la UE respete los derechos humanos.
En su programa para las elecciones europeas, Sumar considera que la nueva política migratoria europea es una amenaza contra los derechos humanos. Aboga por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), perseguir las devoluciones ilegales y acabar con la «externalización» de las fronteras.
Además de Sumar, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado también cuestionará al Gobierno sobre cómo valora las denuncias de abandono de migrantes en el desierto del Sáhara.
La cuestión migratoria no es el único tema que ha resaltado las diferencias entre los socios de Gobierno en los últimos días. Tras el fracaso de la proposición de ley para la abolición del proxenetismo planteada por el PSOE, Sumar ha instado al PSOE a retirar su embajadora de Israel. Esto se produce tras la respuesta diplomática israelí al reconocimiento de España del estado palestino, previsto para el próximo 28 de mayo.
