Inicia en Alemania el juicio contra el grupo extremista Reichsbürger acusado de planificar un golpe de Estado | Internacional

EL PAÍS

El juicio contra el empresario alemán Heinrich XVIII Príncipe Reuss y otros ocho supuestos líderes acusados de ser parte de una organización terrorista que planeaba atacar el Parlamento alemán en un intento de golpe de Estado, comenzó el martes en Fráncfort. El juicio ha generado una gran expectación debido a la gravedad de las acusaciones y a la posibilidad de que se revelen detalles fascinantes sobre una trama que ha sacudido a Alemania.

Los nueve acusados expresaron su desprecio por el sistema judicial del país desde el principio, permaneciendo de pie frente a sus asientos. Este es un gesto que ha sido adoptado por acusados de terrorismo islamista para mostrar su rechazo a los tribunales sin enfrentar consecuencias. La actitud de los acusados refleja la ideología del grupo, formado principalmente por Reichsbürger (Ciudadanos del Reich), un movimiento que rechaza la Constitución alemana y está acusado de planear derrocar el sistema democrático a través de la violencia.

Los planes del grupo fueron frustrados por una gran operación policial en diciembre de 2022. La acusación presentada por la Fiscalía afirma que el grupo considera ilegítimo al gobierno alemán, debido en parte a sus medidas para combatir la pandemia del coronavirus. Los miembros del grupo Reichsbürger también son seguidores de teorías de la conspiración extremas. Están convencidos de que Alemania está controlada por el llamado «Estado profundo«, una teoría de la conspiración que sugiere que un grupo oculto dentro del gobierno está secretamente controlando el país.

Según la acusación, varios exmilitares que ahora están acusados intentaron reclutar a generales del ejército para su plan golpista en 2021. Cuando esta estrategia fracasó, se puso en contacto con el Príncipe Reuss, quien asumió la responsabilidad de planificar un gobierno de transición. A pesar de su título, Reuss no es realmente un príncipe; la nobleza fue abolida en Alemania en 1919, junto con todos los títulos de la nobleza. Las escuchas telefónicas revelan que los líderes del grupo expresaban un odio vehemente hacia los políticos homosexuales destacados y mantenían un discurso antisemita.

La Fiscalía afirma que todos los implicados sabían que un golpe de estado solo sería posible a través de la violencia y que habría víctimas. Los acusados habían elaborado listas con los nombres de los miembros del parlamento, miembros del gobierno, alcaldes y presentadores de televisión. Los cargos contra los acusados incluyen pertenencia a una organización terrorista e intento de subversión traicionera, delitos que pueden acarrear penas de hasta 15 años de prisión.

Nancy Faeser, la ministra alemana del Interior, advirtió que este caso no se trata de «locos inofensivos, sino de peligrosos sospechosos de terrorismo». Prometió que las autoridades de seguridad continuarán actuando con dureza hasta que se desenmascaren y desmantelen por completo las estructuras militantes de los Reichsbürger.

Por su parte, la defensa arremetió contra el tribunal y presentó una serie de mociones, incluyendo intentos de recusar al juez por parcialidad. Martin Schwab, uno de los 25 defensores en el juicio, declaró que se trataba del «mayor abuso en la administración de justicia alemana». Este juicio es el segundo de una serie de procesos contra un total de 27 acusados que se celebrarán en paralelo en tres tribunales diferentes.

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