El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitó recientemente que los jueces emitieran órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta solicitud se produjo poco después de una manifestación en Jerusalén, donde un hombre portaba la bandera nacional pidiendo la renuncia de Netanyahu y el adelanto de las elecciones.
Un taxista contestó al manifestante con un grito de «¡Solo Bibi!», refiriéndose a Netanyahu por su apodo popular. El manifestante respondió con una referencia a La Haya, sede del TPI. Khan afirmó tener “motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant son “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.
Estas afirmaciones se basan en la invasión de más de siete meses en la región, resultando en más de 35,000 muertos (en su mayoría mujeres y niños), desplazamientos forzados de población y el uso del hambre como arma de guerra. Estas acciones han dejado a Israel en una situación inédita.
La petición de Khan no solo es simbólica al solicitar el arresto de dos de los políticos más destacados de Israel, sino también de tres líderes de Hamás (Yahia Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniya), colocando al país en una posición internacional desfavorable.
Si los jueces aceptan la petición de Khan, Netanyahu y Gallant serían los primeros líderes de una democracia con una orden de arresto de un tribunal normalmente asociado con los procesos contra dictadores africanos. Esta situación sería un shock para Israel, un país que se jacta de alinearse con Occidente y cuyos principales aliados son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.
Netanyahu ha respondido a la solicitud de su detención en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC, afirmando que no está preocupado por su estatus de Israel. Además, criticó al fiscal y al TPI, argumentando que está transformando el tribunal en una institución paria.
Bill Van Esveld, director asociado interino de Israel y Palestina en la ONG estadounidense Human Rights Watch, sugiere que los procesos paralelos en los dos tribunales de La Haya —contra individuos en el TPI y contra Israel como estado en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU— podrían presionar a otros países a dejar de armar a Israel.
El ministro de Defensa, Gallant, ha recordado que Israel no es parte del TPI ni reconoce su autoridad. Esta postura es compartida por su principal aliado, Estados Unidos, y otras potencias como China, India o Rusia.
Sin embargo, otros 124 Estados, incluyendo todos los países de la Unión Europea y el Reino Unido, son miembros del TPI. Todos los firmantes del Estatuto de Roma, que estableció el tribunal en 2002, estarían teóricamente obligados a arrestar y entregar a Netanyahu y Gallant si se encontraran en su territorio.
Netanyahu y Gallant podrían enfrentar las consecuencias prácticas de una orden de arresto precisamente porque Israel no tiene estatus de paria internacional y cuenta con importantes apoyos políticos en Europa, un sosten histórico del TPI. Además, Israel tendría obstáculos para reorientar su diplomacia, ya que carece de relaciones con algunos de los países no firmantes, como Irán o países árabes que no lo reconocen.
Hamás, por otro lado, tiene poco que perder. A pesar de su victoria electoral en Gaza de 2006, está aislado internacionalmente, en particular desde su ataque del 7 de octubre. Estados Unidos y la UE consideran a este movimiento como una organización terrorista. Haniya, su líder político y uno de los tres cuyo arresto ha pedido el fiscal, reside en Qatar, que no ha firmado el estatuto.
El Estado de Palestina sí reconoce al tribunal. Desde 2015, tres años después de su ingreso como Estado no miembro en Naciones Unidas, ha reconocido al TPI. Precisamente, el tribunal que tendrá que estudiar las nuevas órdenes de arresto determinó en 2021 que el TPI tiene jurisdicción en el territorio palestino internacionalmente reconocido: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
