En una sorprendente decisión, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció su intención de viajar a Nueva Caledonia, un territorio francés en el océano Pacífico que ha sido escenario de graves disturbios desde el 13 de mayo. Estos conflictos han causado la muerte de seis personas, incluidos cuatro civiles y dos gendarmes. Macron pretende apaciguar la crisis que ha obligado al Gobierno a declarar el estado de emergencia, cerrar aeropuertos y desplegar a las fuerzas armadas para proteger instalaciones estratégicas.
El Parlamento francés adoptó recientemente una reforma constitucional que amplía el censo electoral, dificultando a la población local alcanzar la mayoría necesaria para la independencia. Esta decisión ha exacerbado las tensiones, resultando en protestas violentas y una atmósfera de caos generalizado. Testimonios describen a civiles armados, carreteras y barrios bloqueados por barricadas y el riesgo de enfrentamiento civil entre la población autóctona, los kanakos, y la de origen europeo, los caldoches. Los primeros representan un 41% de la población, mientras que los segundos constituyen un 24%.
Nueva Caledonia se encuentra a 16.500 kilómetros de la Francia metropolitana, una distancia que pone de relieve los desafíos que enfrenta París para gestionar el territorio. Esta será la tercera visita de Macron al archipiélago desde que asumió el poder en 2017, en un momento en que, según las autoridades locales, la situación se está calmando después de varias noches de tensión extrema. El comisario de la República en Nueva Caledonia, Louis Le Franc, se refirió recientemente a la situación como de “insurrección”.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, informó a la Asamblea Nacional que ha habido 276 detenidos desde el inicio de los disturbios y que 84 policías y gendarmes han resultado heridos. Australia y Nueva Zelanda han comenzado a evacuar por aire a turistas atrapados en Nueva Caledonia. El aeropuerto internacional, que ha estado cerrado desde la semana pasada, no tiene previsto reabrir hasta el sábado como mínimo.
Darmanin acusó a Azerbaiyán de injerencia extranjera en Nueva Caledonia y de “cerrar acuerdos con una parte de los independentistas”. También calificó al grupo independentista Célula de Coordinación de Acciones de Terreno (CCAT) de “organización mafiosa, violenta, que saquea comercios y dispara balas reales sobre los gendarmes”. Christian Tein, líder de la CCAT, condenó los desbordamientos.
Roch Wamytan, presidente independentista del Congreso de Nueva Caledonia y miembro del Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS), describió la situación como una “revuelta de la juventud” que los había desbordado. Wamytan señaló que hay una población kanaka extremadamente joven que votó masivamente por la independencia y que está sufriendo la violencia institucional y la estigmatización.
Las fuerzas del orden francesas lanzaron el domingo una operación para retomar el control de la carretera que conecta la capital, Nouméa, con el aeropuerto, situado a 52 kilómetros. Durante la operación, se abrieron más de 67 barreras y se detuvo a 200 personas, según informó la portavoz del Gobierno francés, Prisca Thévenot.
Thévenot también reveló que Macron había informado a los ministros de sus planes para volar a Nueva Caledonia “para instalar allí una misión”. Hasta ahora, el presidente se había mantenido a distancia de la crisis y había delegado su gestión en el Gobierno. No está claro exactamente en qué consistirá la “misión” que Macron planea establecer en Nueva Caledonia, pero ha expresado su deseo de abrir un diálogo entre independentistas y no independentistas que permita encontrar una alternativa a la reforma constitucional y rebajar la tensión.
La semana pasada, la Asamblea Nacional adoptó un proyecto de ley que expande el cuerpo electoral en Nueva Caledonia, es decir, el número de residentes con derecho a votar en las elecciones provinciales y posiblemente en un referéndum de independencia, si se realiza otro. Este cuerpo electoral ha sido la fuente de muchos conflictos en este territorio, que fue colonizado en 1853 y está en la lista de la ONU de territorios no autónomos pendientes de descolonizar. Actualmente, el censo incluye a las personas inscritas antes de 1998. La reforma prevé que se inscriban los nacidos después de esta fecha y quienes lleven más de 10 años de residencia, lo que teóricamente fortalecerá las filas no independentistas y diluirá la influencia de los que buscan la secesión.
