El escándalo sexual que ha sacudido al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala ha llevado a la Fiscalía de Guatemala a abrir una investigación oficial. Esta investigación busca profundizar en las afirmaciones de una red de prostitución, donde las mujeres empleadas en el Ministerio podrían haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual por los funcionarios del Gobierno durante las legislaturas anteriores.
El caso se hizo público gracias a una investigación periodística del medio digital ‘Con Criterio‘. La publicación expuso una supuesta red de prostitución que operaba dentro del ministerio, obligando a la Fiscalía a actuar. La investigación del Ministerio Público fue incitada por la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), que envió un oficio al Ministerio en cuestión, instándoles a explicar las acusaciones.
La red de prostitución, compuesta por entre 22 y 25 mujeres jóvenes, era conocida dentro del ministerio como ‘Las Visitadoras‘. Las mujeres, contratadas en varios roles administrativos, como secretarias o asistentes, se sospecha que también proporcionaban ‘servicios de acompañamiento y posiblemente favores sexuales’, según la exministra del Ministerio, Jazmín de la Vega. De la Vega había sido destituida el 17 de mayo por el presidente, Bernardo Arvalo, por incumplimiento de sus instrucciones.
Según De la Vega, los funcionarios y particulares solicitaban los servicios de estas mujeres a través de un catálogo. Los vehículos del ministerio también se utilizaban para estos servicios. Antiguos trabajadores del Ministerio, hablando bajo condición de anonimato para evitar represalias, afirmaron que habían visto movimientos sospechosos y la presencia de bebidas alcohólicas en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones durante los viernes.
En respuesta a la gravedad de las acusaciones, la CNC ha pedido un informe detallado al Ministerio. Esperan que el informe revele cómo se descubrió la situación, las particularidades del caso, las personas afectadas y los posibles responsables de beneficiarse de dicha red.
El CNC ha descrito las acusaciones como «denigrantes, repugnantes e inhumanas», y una clara violación de los derechos humanos. También señalaron que tales acusaciones son un posible indicio de una acción recurrente de criminalidad y corrupción instaurada por administraciones anteriores, cuyo nivel de perversidad ha tenido consecuencias catastróficas en la administración pública y en la sociedad.
Este no es el primer escándalo sexual que ha afectado al Gobierno de Guatemala. En 2018, el exministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez, acusó al entonces presidente, Jimmy Morales, de abusar sexualmente de jóvenes trabajadoras del Gobierno. Sin embargo, la investigación no avanzó debido a la falta de testimonios de las presuntas víctimas.
En 2021, el entonces ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, apareció en una fotografía junto a tres mujeres semidesnudas en un establecimiento en una zona acomodada de la Ciudad de Guatemala. A pesar de las acusaciones, Romero no renunció, y tampoco fue despedido por el entonces presidente, Alejandro Giammattei, que esperó a que el propio ministro dimitiera en 2022.
