El anuncio reciente sobre un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso respecto al fast track legislativo de seguridad ha generado una serie de reacciones en ambos lados del espectro político. El acuerdo dará prioridad a 32 proyectos de ley, pero ha habido reclamaciones desde el oficialismo y la oposición sobre las propuestas que se han dejado fuera.
Las iniciativas que se encuentran en la agenda de alta prioridad incluyen la ley antiterrorista, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), la protección de la infraestructura crítica, y un régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad que estén vinculados al crimen organizado. Estas normas aún están siendo discutidas en el Congreso.
Siete proyectos que formaron parte del fast track anterior aún no han logrado el despacho total. Por lo tanto, se ha decidido priorizar de tal forma que dos de ellos sean despachados el próximo mes. Estos dos proyectos son la creación del Ministerio de Seguridad Pública y otro que busca reducir las tasas de reincidencia.
El oficialismo ve como una buena señal darle prioridad a estas iniciativas, pero también ha expresado algunas reservas sobre los proyectos que no se incluyeron. El diputado Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Seguridad, advirtió que será muy difícil avanzar con este fast track legislativo si no se respetan las urgencias en cada una de las comisiones.
Por otro lado, el parlamentario Jaime Araya (PDD), también miembro de la comisión, lamentó que no se haya podido concordar la necesidad de priorizar el proyecto de ley que han presentado, que le quita la exclusividad de la acción penal al Servicio de Impuestos Interiores (SII), a la Fiscalía Nacional Económica y al Servicio Electoral. Araya aboga por que estos delitos vuelvan a ser delitos de acción penal pública, ya que cree que se está construyendo un muro para proteger la corrupción.
En una línea similar, el diputado Andrés Longton (RN) advirtió que la bancada de Renovación Nacional rechazará el fast track por falta de representación y falta de proyectos. Según Longton, la agenda priorizada no representa a la bancada de RN, ya que incorporaron los proyectos que a ellos les parecían convenientes y los proyectos que no le producían ninguna dificultad al Gobierno, dejando de lado los proyectos que son esenciales para la seguridad.
Ocho de los proyectos del fast track serán despachados en septiembre, entre ellos la RUF, la Subsecretaría de Defensoría de las Víctimas, y el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, entre otros. Los restantes se despacharán en tres tramos de tiempo: diciembre de 2024, marzo de 2025 y mayo del próximo año.
El lunes se fijó una nueva agenda legislativa enfocada en materia de seguridad en un esfuerzo conjunto entre la Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno. Esta agenda pondrá sobre la mesa una treintena de proyectos de ley con alta prioridad para ser tramitados.
La lista de 32 iniciativas legislativas con foco en seguridad incluye propuestas presentadas tanto por parlamentarios como por el Ejecutivo. Entre las más urgentes destacan la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la normativa sobre reincidencia, donde se espera que ambas sean despachadas durante junio de 2024.
Otros proyectos como el que crea el Sistema de inteligencia del Estado, el de Reglas del uso de la fuerza y otras seis iniciativas serán despachadas durante septiembre. Los otros 22 proyectos restantes, dependiendo del estado de avance de su tramitación, comenzarán a ser despachados a partir de diciembre de 2024 hasta más tardar mayo del 2025.
