Las pérdidas registradas en los fondos de pensiones administrados por las AFP han provocado una creciente controversia política y social. Ante un perjuicio patrimonial estimado inicialmente en US$7.700 millones, pero que podría elevarse hasta los US$11.000 millones, parlamentarios no descartan recurrir a la justicia para exigir responsabilidades.
Proyecto busca restituir los ahorros afectados
La iniciativa es encabezada por el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello, ambos del Partido Comunista. Los legisladores pretenden que las administradoras entreguen explicaciones públicas sobre las decisiones financieras que habrían perjudicado los ahorros de miles de trabajadores y que, principalmente, se repongan los recursos perdidos.
Para ello, impulsan un proyecto de ley de tramitación rápida, descrito como una norma express o fast track. La propuesta busca establecer por ley que las administradoras privadas devuelvan, en un plazo de un año, la totalidad del dinero perdido desde las cuentas de ahorro individual de sus afiliados.
Una cifra que todavía no está completamente determinada
El senador Daniel Núñez sostuvo que las AFP deben responder por las pérdidas registradas en los fondos de los trabajadores, aunque reconoció que aún no existe certeza sobre el monto definitivo. Las estimaciones mencionadas en el debate sitúan el perjuicio entre US$7.000 millones y US$11.000 millones.
Según el parlamentario, el objetivo central es que las administradoras devuelvan los recursos y que la ciudadanía cuente con garantías reales ante eventuales irregularidades o negligencias en la gestión financiera.
Parlamentarios analizan una eventual vía judicial
De acuerdo con las estimaciones planteadas por los impulsores de la medida, algunos trabajadores han registrado disminuciones directas de $1 millón, $1,5 millones o hasta $2 millones en sus cuentas de capitalización individual.
Debido a la magnitud del perjuicio, los parlamentarios acusan un actuar negligente de la industria de las AFP en la administración de los fondos de los cotizantes. Por esta razón, aseguran que recurrirán a todas las instancias administrativas, legislativas y judiciales disponibles para exigir responsabilidades civiles y legales.
Críticas a eventuales sanciones menores
El proyecto también busca evitar que una eventual investigación termine únicamente con sanciones consideradas simbólicas. Núñez cuestionó que en casos anteriores se hayan aplicado medidas como clases de ética u otras acciones menores, y planteó que la respuesta debe incluir la restitución completa de los fondos al nivel que tenían antes de las pérdidas registradas en 2026.
