La reforma constitucional de Seguridad enfrenta el tramo final de su urgencia simple sin contar todavía con los 29 votos necesarios para avanzar en el Senado. Al plazo legislativo le quedan 12 días.
La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y contempla la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, destinado a responder ante amenazas graves relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
El principal punto de desacuerdo se relaciona con las atribuciones que tendría el Presidente. El diseño original permitía decretar esta medida por 120 días y renovarla por otros 120 sin una autorización previa del Congreso. Durante su vigencia, podrían restringirse derechos como la libertad de locomoción y de reunión. Tras comprobar que no contaba con los 29 respaldos requeridos, el Ejecutivo redujo la urgencia desde suma a simple.
Durante el Te Deum, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que ha mantenido reuniones con parlamentarios para abordar la agenda ACOT y alcanzar acuerdos que permitan reactivar la tramitación.
El senador socialista Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Defensa y del comité encargado de revisar la iniciativa, cuestionó que el Gobierno haya ralentizado el proceso sin conseguir hasta ahora un acuerdo político.
Una crítica más tajante formuló el diputado del FRVS Jaime Mulet. El 31 de agosto, junto con otros parlamentarios, presentó el proyecto de resolución 218, que solicita al Presidente retirar la reforma constitucional y concentrar los esfuerzos en otras propuestas de seguridad que ya se encuentran en el Congreso.
Mientras esta iniciativa permanece sin avances, otros proyectos de la agenda sí han progresado. El Congreso despachó la propuesta que amplía de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia para las actuaciones policiales y lo extiende hasta 48 horas cuando participa la Policía Marítima.
También sigue pendiente el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en una Comisión Mixta para resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Además, continúa la discusión de la iniciativa que busca extender hasta 180 días la retención de extranjeros que tengan una orden de expulsión.
De este modo, el Gobierno llega a los últimos días de la urgencia simple con una agenda de resultados dispares: mientras algunas medidas ya fueron despachadas, la reforma constitucional continúa supeditada a un acuerdo político que todavía no se concreta.
