El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha emprendido una estrategia de mano dura contra la revolución sandinista al aumentar su conjunto de sanciones. Este esfuerzo se dirige principalmente al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia ubicado en Managua (CCR), Nicaragua. El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, es uno de los aliados más importantes de Vladimir Putin en el continente americano, compartiendo esta alianza con Venezuela y Cuba.
Desde la perspectiva del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el CCR es una extensión del estado ruso que se dedica a la formación de los agentes de la dictadura nicaragüense. Este entrenamiento se realiza siguiendo el «manual de opresión» del gobierno autoritario ruso, según este organismo. Asimismo, el Departamento del Tesoro considera al CCR como una entidad clave en la represión de la sociedad civil nicaragüense y en la detención injusta de individuos por expresar su oposición o por simplemente ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Continuando con esta línea de pensamiento, el gobierno de Washington sostiene que este centro de entrenamiento ha implementado «tácticas represivas brutales». Además, ha entrenado a la Policía Nacional nicaragüense para incrementar la «persecución tiránica» y preservar el poder de la pareja presidencial de este país centroamericano.
La respuesta de los Estados Unidos a esta situación ha sido contundente. Según el diplomático Arturo McFields, «EEUU ha asestado un duro golpe a la alianza represiva de la Policía y Rusia. También ha golpeado la bolsa corrupta del oro de sangre».
La Policía Nacional de Nicaragua, que ya era objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos, es considerada por el gobierno de Biden como responsable de «ejecuciones extrajudiciales». Se le acusa también de utilizar munición real contra manifestantes pacíficos y de orquestar «escuadrones de la muerte».
La reciente ronda de sanciones también ha afectado a funcionarios gubernamentales, policías, jueces, fiscales y carceleros, junto con sus familiares. Al menos 250 personas han sido sancionadas por apoyar los ataques a los derechos humanos. A todos estos individuos se les ha restringido las visas para viajar a los Estados Unidos.
Además, las sanciones están dirigidas contra la industria de la migración ilegal, que incentiva viajes «irregulares y peligrosos» hasta la frontera del Río Bravo. El líder sandinista es acusado de beneficiarse de «migrantes desesperados y vulnerables, a quienes les vende visas».
También han sido sancionadas la Compañía Minera Internacional y Capital Mining Investment Nicaragua, empresas mineras vinculadas al régimen que comercian con oro (principal producto de exportación de Nicaragua) y que generan ingresos para la dictadura. Según el opositor Juan Sebastián Chamorro, «quieren cortar los recursos económicos que está recibiendo la dictadura, donde está la mano del ministro de Energía y Minas».
En conclusión, el gobierno de Biden está tomando medidas drásticas para enfrentar la situación en Nicaragua y sus vínculos con Rusia. Las sanciones buscan limitar la capacidad de la dictadura nicaragüense para continuar con sus políticas represivas y violaciones a los derechos humanos. Aunque estas medidas pueden tener un impacto significativo, el futuro de Nicaragua y la efectividad de las sanciones aún están por verse.
