La incertidumbre rodea el futuro de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) en Chile, a medida que el Congreso se prepara para votar un proyecto de ley corta que podría darle viabilidad a las aseguradoras privadas. Según una encuesta realizada por la Plaza Pública Cadem, un notable 65% de los consultados está de acuerdo con que se apruebe una ley que cree las condiciones para que estas instituciones puedan seguir operando.
El proyecto de ley, elaborado por una comisión mixta, necesita obtener 26 votos a favor en la sala del Senado y, posteriormente, 78 votos en la Cámara de Diputados antes de poder ser promulgado. Esta votación se produce en un momento crítico, ya que se acaba de cumplir el plazo establecido por el fallo de la Corte Suprema, que obliga a las aseguradoras a devolver los cobros excesivos (US$ 1.589 millones) que cobraron en el pasado y a utilizar una nueva tabla de factores.
La crisis de las Isapres no parece ser una preocupación mayor para la mayoría de los encuestados. De hecho, el 54% afirmó tener poco o nada de preocupación respecto a la posible quiebra de una de estas instituciones. Sin embargo, un 47% considera que el principal problema para el sistema de salud sería un aumento en las listas de espera y las atenciones en el sector público, en caso de que esto suceda. Un 20% considera que este escenario obligaría a las personas con enfermedades preexistentes a migrar a Fonasa con una menor cobertura.
En respuesta a la amenaza de quiebra que han advertido las aseguradoras privadas de salud, un 72% prefiere que las Isapres busquen mecanismos para devolver los dineros en el largo plazo, pero evitar su quiebra manteniendo los planes de salud actualmente vigentes.
Además, el 57% de los usuarios de Isapres prefiere que no le devuelvan el dinero, evitando la quiebra y manteniendo su plan actual de salud. En contraposición, un 40% elige que le devuelvan el dinero proveniente de la tabla factores y excedentes y que las Isapres quiebren si es necesario.
Por otro lado, un 63% de los afiliados opta por no recibir la devolución del dinero, evitando la quiebra y manteniendo su plan actual de salud, en comparación con un 23% que prefiere que se le suba el plan en un 10% para que las Isapres puedan pagar la deuda y evitar la quiebra.
La encuesta también revela que un 58% está de acuerdo con mantenerse en el sistema privado, aunque tuviera que pagar un poco más, mientras que un 41% considera que se iría al sistema público en Fonasa. Además, un 83% de los afiliados del sistema está de acuerdo con que las Isapres puedan pagar la deuda definida por la Corte Suprema en el largo plazo y un 56% con que se rebaje la deuda hasta un monto que les permita seguir funcionando.
En relación a la capacidad de Fonasa para absorber una migración masiva de usuarios de Isapres, un 63% considera que está poco o nada preparado para enfrentar este escenario. Por último, la encuesta evidencia que un 77% de los encuestados se inclina por la existencia de un sistema de salud mixto, donde todos puedan elegir libremente pertenecer a una institución pública o privada, en comparación con un 22% que está de acuerdo con que todos pertenezcan a un sistema estatal.
