Luego de cuatro extensas jornadas de audiencia, este jueves la Fiscalía Metropolitana Oriente terminó la lectura de formalización de los casos Audios y Factop y comenzó el debate sobre las medidas cautelares contra los 20 imputados por delitos económicos y de corrupción.

La audiencia que se ha estado llevando a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público leyó más de 180 páginas, las cuales contenían los presuntos hechos ilícitos que habrían realizado los involucrados. Dentro de los imputados destacan los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Álvaro y Antonio Jalaff y ex ejecutivos de LarrainVial.

Las medidas cautelares que solicita Fiscalía para imputados por Caso Factop

Bajo este contexto, el tribunal decretó la firma mensual y arraigo nacional para los ex ejecutivos de LarrainVial Activos, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Entre ellos se encuentran: Andrés Bulnes (ex presidente) y los ex directores Andrea Larraín, José Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira.

Con respecto al ex gerente general de la gestora, Claudio Yáñez, se pidió la medida cautelar de arresto parcial nocturno y arraigo nacional.

Por otra parte, el ente persecutor solicitó arresto domiciliario nocturno con arraigo nacional para Cristian Menichetti, ex socio de Grupo Patio, misma cautelar que se pidió contra Manuel Bulnes y Felipe Porzio.

En cuanto a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, mientras que los que ya han sido formalizados por otros delitos, no tendrían cambios en sus medidas cautelares, como es el caso de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Rodrigo Topelberg y los hermanos Ariel y Daniel Sauer.

Bajo este contexto, desde la defensa de Álvaro Jalaff señalaron que “el Ministerio Público está tratando de armar un rompecabezas con piezas que no calzan para instalar delitos que mi defendido jamás ha cometido”.

A lo que añadieron: “Hemos dicho desde el primer momento que Álvaro Jalaff no ha cometido ningún delito. Por el contrario, es una víctima que salió perjudicado en más de $18 mil millones”.

“Se ha causado un perjuicio a su imagen pública y a su patrimonio. Los fiscales han instrumentalizado declaraciones para tratar de juntar partes y piezas que no hacen sentido”, sentenciaron.