El pasado miércoles, la comisión mixta que tramitaba la ley corta de Isapres volvió a ser suspendida, pese a los repetidos intentos de avanzar en las últimas 48 horas. A la cabeza de la instancia, el presidente Javier Macaya (UDI) pidió al Ejecutivo un espacio breve para llegar al máximo consenso posible.
Hasta ese momento, el gobierno había ingresado nuevas indicaciones después de más de ocho horas de negociaciones que se desarrollaron el martes con el oficialismo y la oposición. El objetivo era cumplir un fallo de la Suprema de 2022, que ordena a las aseguradoras utilizar una nueva tabla de factores para todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso a los usuarios.
Entre las propuestas ingresadas se encontraban la extensión del plazo de pago de las Isapres, una posible rebaja si cancelaban lo adeudado por adelantado y modificaciones a los valores de los planes. No obstante, las indicaciones del Gobierno fueron consideradas insuficientes por parte de la oposición, lo que llevó a la suspensión de la sesión.
Uno de los puntos de mayor fricción durante la tramitación de la ley corta de Isapres ha sido el cálculo de la deuda. En septiembre pasado, el Comité Técnico de la comisión de Salud del Senado presentó propuestas que permitían la reducción de la deuda de las aseguradoras, entre ellas, establecer que todos los planes se igualaran al 7% de manera retrospectiva. Esto implicaba el aumento de los precios base de miles de cotizantes que pagaban menos.
Según cifras de la Superintendencia de Salud a diciembre de 2023, se estima que el monto adeudado por las aseguradoras asciende a un billón 485 millones de pesos, es decir, alrededor de US$1.589 millones. Con la propuesta del gobierno, la deuda se reduciría a cerca de US$1.250 millones.
Una de las preocupaciones constantes durante la negociación fue el riesgo de un «perdonazo» a las Isapres y la advertencia de las aseguradoras de que la deuda calculada podría hacer colapsar el sistema de salud privado. Ante esto, el Gobierno decidió negociar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que permite que las Isapres realicen alzas de los precios base de los planes de salud a los usuarios todos los años hasta 2027.
Esta fórmula no genera una reducción de la deuda, pero sí permite que haya flujo de caja en las aseguradoras al elevar sus ingresos a costa del pago de los afiliados de sus planes de salud. Según las nuevas condiciones, las Isapres podrán realizar un aumento extra del valor del plan por una única vez el segundo semestre de 2024, que no podrá superar el 10% de cotizaciones de julio de 2023 por cada beneficiario.
En las indicaciones ingresadas por el gobierno este miércoles, se propuso que la deuda que tienen las Isapres con sus afiliados se pague en 13 años, en vez de 10, como se estableció en la discusión en el Senado. Para los mayores de 80 años se mantuvo el pago de la deuda en 2 años, y para los mayores de 65 se redujo de 6 a 5 años.
Las negociaciones no estuvieron exentas de tensiones, con duros intercambios entre parlamentarios del oficialismo. El plazo para dar cumplimiento al fallo vence este domingo 12 de mayo y el superintendente de Salud, Víctor Torres, tiene hasta el lunes para emitir la respectiva circular.
La propuesta será votada el lunes en el Senado, y luego en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, hasta la noche de este miércoles no estaba claro si el Ejecutivo lograría cuadrar a todo el oficialismo, dado que algunas propuestas no contaron con el apoyo de todos los senadores.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, detalló los alcances de lo aprobado, que será votado cuando el fallo ya esté en plena vigencia. Algunas de sus principales implicancias dicen relación con fuertes alzas a los precios de los planes de salud, para equilibrar las finanzas de las isapres considerando la baja de ingresos que tendrán las aseguradoras por la adecuación de la tabla de factores y las millonarias devoluciones por cobros en exceso.
