La administración de la gobernadora Krist Naranjo ha sido objeto de críticas severas en los últimos meses. Al frente de la lista de cuestionamientos se encuentra lo que muchos consideran su incapacidad para consolidar un equipo de trabajo estable. Esta crítica se sustenta en el hecho de que, durante su mandato hasta la fecha, ha desvinculado a 19 funcionarios de confianza que ella misma había nombrado, además de reasignar las funciones de 15 trabajadores.
El más reciente despido en su gobierno fue el del jefe de Administración y Finanzas, Álvaro Tapia, y la reasignación de funciones de Diego Herrera, un profesional con 20 años de experiencia en el Departamento de Gestión y Finanzas. La alta rotación de personal ha generado inestabilidad en la gestión del gobierno regional, y ha desencadenado demandas judiciales por parte de los funcionarios despedidos, la mayoría de las cuales han sido falladas a favor de los empleados.
Además, esta constante rotación de personal ha afectado a profesionales de carrera que han servido bajo diversas administraciones. En respuesta al despido de Tapia y la reasignación de funciones de Herrera, un grupo de trabajadores manifestó su descontento frente al edificio gubernamental, portando pancartas con consignas tales como “Fuera Gobernadora” y “Cero respeto a los trabajadores”.
La situación ha llevado a los trabajadores a pedir un diálogo constructivo con la gobernadora para abordar sus preocupaciones y encontrar soluciones. Sin embargo, hasta la fecha, sus demandas han sido ignoradas. Boris Castillo, secretario de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, señaló que las decisiones unilaterales de la gobernadora han tenido un impacto significativo en el clima laboral y la eficiencia en el trabajo.
Según Beatriz Hidalgo, secretaria de la nueva Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Gobierno Regional de Coquimbo, la falta de estabilidad laboral y la constante rotación de personal experimentado obstaculizan la ejecución de proyectos importantes para la región y generan un ambiente laboral adverso.
Manuel Barraza, presidente de la nueva organización de funcionarios, coincide en que la situación será especialmente compleja durante la renovación de contratos al final del año. A pesar de esto, asegura que los trabajadores no abandonarán sus responsabilidades laborales ya que eso afectaría a la comunidad. Por lo tanto, planean continuar con sus movilizaciones para hacerse escuchar.
Por su parte, el equipo de la gobernadora Naranjo sostiene que las decisiones de la gobernadora se ajustan plenamente a las atribuciones encomendadas por ley. Según un comunicado enviado por su equipo, la desvinculación de Tapia y la reasignación de funciones de Herrera se realizaron respetando horario laboral, monto de remuneración y lugar de trabajo.
El caso de la gobernadora Naranjo y la inestabilidad en su administración son un reflejo de un problema mayor en la gestión de los gobiernos locales. La falta de estabilidad laboral, la alta rotación de personal y las decisiones unilaterales pueden generar un ambiente laboral adverso que afecta la eficiencia y la efectividad de la administración pública. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la eficiencia y la efectividad en la gestión de los gobiernos locales son vitales para responder a los retos de la sociedad actual.
La estabilidad laboral, el respeto a los derechos de los trabajadores y el diálogo constructivo son aspectos fundamentales para garantizar la eficiencia y la efectividad en la gestión de los gobiernos locales. En este sentido, es fundamental que las autoridades ejerzan sus atribuciones en el marco de la ley y respeten los derechos de los trabajadores. Asimismo, es necesario que existan mecanismos para abordar las preocupaciones y encontrar soluciones a las situaciones de inestabilidad laboral y alta rotación de personal.
