Este miércoles, se espera que el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle concluya el juicio oral por el secuestro de un adolescente de 16 años que tuvo lugar en la comuna de Illapel el pasado 16 de octubre de 2023. El caso, que ha atraído considerable atención, ha sido marcado por amenazas en las redes sociales a los familiares de la víctima por parte de amigos y familiares de los cuatro acusados, dos adultos y dos menores de edad.
El juicio ha estado lleno de controversia, con el proceso retrasado después de que dos de los acusados se enfrentaron en una pelea mientras esperaban su turno para presentar su versión de los hechos en el tribunal. Esta pelea resultó en la necesidad de atención médica para las lesiones sufridas, antes de que pudieran regresar al estrado.
Juan Dabed, el padre del adolescente, espera que la justicia imponga sanciones ejemplarizantes a los autores de este hecho delictual. La fiscalía ha solicitado sentencias de 40 años de cárcel para uno de los adultos, quien ya cuenta con antecedentes penales, y 27 años para el otro. Para las dos menores, la fiscalía ha pedido 5 años de encierro.
El fiscal de Illapel, Andrés Villalobos, ha acusado a todos los imputados por los delitos de sustracción de menores y porte ilegal de arma. Dabed ha señalado que, dado que los cuatro acusados han confesado sus delitos, la sentencia debería establecerse y lo único que faltaría son los años de prisión que cada uno va a recibir.
Durante el juicio, se presentaron una gran cantidad de pruebas contundentes, incluyendo testimonios de los propios acusados. Sin embargo, Dabed ha expresado su consternación por el hecho de que, debido a las leyes actuales, el tiempo máximo de encarcelamiento para las menores es de 5 años. A pesar de las amenazas recibidas a través de las redes sociales, Dabed y su familia han optado por ignorarlas y confiar en el sistema de justicia.
El secuestro del adolescente fue un hecho escalofriante, y según se reveló durante el juicio, los acusados habían planificado el secuestro después de conocer al adolescente en una discoteca. Los acusados abordaron al joven en una plaza cercana, lo amenazaron con un arma de fuego, y lo forzaron a subir a un vehículo donde lo golpearon repetidamente.
Posteriormente, los secuestradores mantuvieron al joven atado de pies y manos en una cabaña en el límite entre la localidad de Quilimarí y Pichidangui. Utilizaron el teléfono celular del adolescente para realizar una videollamada a su padre, exigiendo un rescate de 150 millones de pesos.
Los secuestradores llevaron a cabo varias transacciones financieras utilizando la cuenta del adolescente, incluyendo transferencias electrónicas y retiros de cajeros automáticos. También realizaron compras con la tarjeta bancaria de la víctima.
El juicio ha sido una experiencia desgarradora para la familia de la víctima, con Dabed afirmando que su hijo no puede dormir y no sale a ningún lado si no está acompañado. Tuvieron que contratar a una persona para llevar y traer al adolescente del colegio, ya que aún tiene presente el trauma de su secuestro.
El proceso legal en curso es un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias de los delitos graves como el secuestro. A medida que el caso avanza hacia su conclusión, la esperanza es que se haga justicia y que sea un paso hacia la curación para el adolescente y su familia.
