La ex gerente de la Corporación Municipal de Turismo de Coquimbo, Antonieta Neira Barraza, ganó una demanda en contra del municipio tras ser desvinculada de la institución en junio de 2022. La desvinculación fue atribuida a un presunto incumplimiento de sus responsabilidades, pero Neira, quien asumió el cargo en 2017, denunció ser víctima de persecución política.
Neira Barraza, que era cercana al anterior edil Marcelo Pereira, perdió presencia y eventualmente fue desvinculada cuando Ali Manouchehri asumió la alcaldía de Coquimbo. El abogado de Neira, Rodrigo Valdivia Briceño, argumentó que se demostró que su cliente fue víctima de acoso laboral y un despido injustificado.
El caso resultó en una sentencia de aproximadamente 87 millones de pesos a favor de Neira. Sin embargo, el municipio no cumplió con el plazo establecido por el tribunal para el pago, resultando en intereses y cotizaciones previsionales impagas. Aunque el municipio depositó cerca de $100 millones en el tribunal debido a los retrasos, una parte de la deuda previsional no fue cubierta.
Valdivia Briceño explicó que solicitó la liquidación de la sentencia, que resultó en un saldo a favor de Neira de $16 millones. Según el abogado, el municipio fue notificado de esta liquidación y no la objetó dentro del plazo establecido. Debido a esto, Valdivia solicitó una orden de arresto contra el alcalde Manouchehri, ya que no se había emitido el decreto alcaldicio para el pago.
El jurista mencionó que el municipio tenía un plazo de 10 días para cumplir con la orden de arresto, pero no lo hizo. En respuesta, Valdivia reiteró la solicitud para que se ejecutara la orden de apercibimiento. El abogado recordó que no es la primera vez que ocurre una situación similar, citando casos de órdenes de arresto contra los alcaldes de La Higuera y La Serena.
Según Valdivia, el alcalde Manouchehri podría evitar la orden de arresto de manera inmediata, pero no ha emitido un decreto de pago ni ha consignado los fondos correspondientes en el tribunal. Desde la notificación, ha pasado más de un mes y la liquidación ya se encuentra ejecutoriada.
Por su parte, la Dirección Jurídica de la municipalidad de Coquimbo ha objetado la cifra que se pretende cobrar y ha presentado documentación que acredita que la deuda ya está completamente pagada. La dirección sostiene que la cifra está completamente errada y no refleja la realidad del proceso judicial.
María José Lira, abogada y experta en derecho administrativo, explicó que se debe hacer una distinción entre la solicitud de orden de arresto por no pagos de facturas o por una deuda previsional. Aseguró que la orden de arresto aún no se ha materializado debido a que la resolución es susceptible de recursos que aún no se han resuelto.
