Han sido necesarios siete años de investigación detallada, con miles de documentos y de testigos, para asentar oficialmente la conclusión que muchos londinenses, y especialmente las víctimas de la tragedia, ya habían asumido como indiscutible: ”décadas” de dejadez y negligencia por parte de diferentes departamentos y agencias gubernamentales así como de las empresas constructoras fueron responsables del mayor incendio en un bloque de viviendas del Reino Unido desde la II Guerra Mundial. 72 personas, 54 adultos y 18 niños, la mayoría de minorías étnicas y clases sociales y económicas desfavorecidas, murieron en la noche del 24 de junio de 2017, cuando en menos de 30 minutos las llamas devoraron las 24 plantas del edificio de 60 metros de altura y 129 viviendas sociales.

“La simple realidad es que las muertes que ocurrieron pudieron haberse evitado, y que los residentes de la torre sufrieron durante años, y de diferentes modos, el terrible fracaso de aquellos que eran responsables de la seguridad del edificio y de sus ocupantes”, ha sentenciado el juez retirado Martin Moore-Bick, que ha presidido durante todos estos años la comisión oficial de investigación de la tragedia. “[Los responsables] incluyen al Gobierno, la agencia local a cargo de la gestión de las viviendas, el condado de Kensington y Chelsea [la autoridad del distrito londinense donde estaba la torre], aquellos que fabricaron y suministraron el material del revestimiento del edificio, los que certificaron su uso para edificios elevados, el arquitecto, el principal contratista y parte de los subcontratistas”, ha señalado el magistrado.

“No todos ellos tienen el mismo grado de responsabilidad en el desastre, pero como indica nuestro informe, todos contribuyeron de uno u otro modo, en la mayoría de los casos por su incompetencia. Pero en algunos casos por falta de honestidad y por codicia”, concluía Moore-Bick.

El recuerdo de la tragedia

En los últimos años, cualquier visitante o vecino del norte de Kensington que alzara la vista podía divisar un enorme corazón verde en la cima de la torre Grenfell, cubierta de arriba a abajo con andamios y lona para ocultar las cicatrices de una noche que conmocionó a los londinenses. Grenfell. Forever in Our Hearts (Grenfell. Siempre en nuestros corazones), puede leerse al lado del corazón. Un eslogan que nadie se ha atrevido a desalojar del paisaje urbano.

El informe, de 1.700 páginas, recoge una minuciosa investigación sobre la construcción, la reforma, la gestión y supervisión del edificio, el modo en que respondieron los bomberos y el modo en que fueron tratadas las víctimas y sus familiares en los días y semanas posteriores al incendio. Las acusaciones que surgen del texto son demoledoras.

En primer lugar, contra los fabricantes de las placas de revestimiento del edificio —una mezcla de aluminio y plástico—, cuyo material y disposición acabó siendo la causa principal de que las llamas y el humo devoraran la torre en apenas 30 minutos. Las empresas, señala el texto, incurrieron en “una falta sistemática de honestidad” en el uso de “estrategias continuas y premeditadas” para aparentar que sus productos eran seguros. El informe acusa a la empresa Arconic, la que suministró las placas, de “ocultar deliberadamente” el riesgo de seguridad.

Al departamento responsable de la gestión y mantenimiento de las viviendas sociales del condado de Kensington y Chelsea se le acusa de su “persistente indiferencia a la seguridad contra incendios”, y particularmente a la seguridad de las personas más vulnerables.

Las conclusiones señalan especialmente la obsesión del Gobierno formado por la coalición de conservadores y liberal-demócratas de 2010, encabezado por David Cameron y Nick Clegg, por desregular todos los sectores económicos. En el caso de la tragedia de Grenfell, esa obsesión condujo a que cuestiones en materia de seguridad de los edificios fueran “ignoradas, retrasadas o desatendidas”.

Finalmente, parte importante de la responsabilidad recae también sobre la Brigada de Bomberos de Londres, que mostró su ignorancia, desconocimiento y falta de estrategia durante los momentos clave del incendio. Los residentes de las plantas superiores recibieron la orden estándar de permanecer recluidos en sus apartamentos. Cuando se anuló esa recomendación, fue demasiado tarde para muchos de ellos, que ya no pudieron escapar al humo o las llamas. Ningún bombero había sido entrenado para tratar un tipo de fuego alimentado de modo salvaje por el revestimiento exterior del edificio, que multiplicaba la rapidez de su propagación.

“El Gobierno ignoró las advertencias sobre el peligro del material de revestimiento. Al menos desde 1990 se conocía ese riesgo. Fracasaron a la hora de evitarlo, y revelaron de ese modo la codicia y el ansia de beneficios de una industria [la de la construcción] que ha recibido durante década una regulación pobre por parte de los diferentes gobiernos”, ha afirmado, nada más conocerse el informe, Natasha Elcock, superviviente de la tragedia, en nombre de Grenfell United, la asociación que agrupa a víctimas y familiares. “El informe saca a la luz los fallos sistemáticos del condado de Kensington y Chelsea y de su departamento de gestión de las viviendas sociales, que crearon una cultura tóxica y calculadora que marginaba a los residentes”, ha acusado Elcock.

Discriminación

El informe presentado por Moore-Bick señala actuaciones de racismo y marginación en la gestión del incendio y sus consecuencias, aunque evita señalar esas causas como factores que estuvieran detrás de la negligencia e irresponsabilidad desplegadas durante años por las autoridades. “Hemos podido constatar algunas pruebas de discriminación racial en el modo en que algunos de los supervivientes del fuego fueron tratados en los días posteriores a la tragedia, en un momento en que todos ellos eran especialmente vulnerables”, acusa el informe.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha comprometido a estudiar con detenimiento las recomendaciones de la comisión, “para asegurar que nunca vuelva a ocurrir una tragedia como esta”.

El presidente de la comisión de investigación ha querido concluir la presentación del informe con la emotiva lectura de todos los nombres de las 72 víctimas. Sin embargo, este miércoles no ha servido para ofrecer consuelo definitivo a sus familiares. La Policía Metropolitana de Londres ha reconocido que necesitará al menos un año más, hasta 2025, para que pueda comenzar una instrucción penal contra los supuestos culpables.

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