El presidente de Túnez, Kais Said, ha consolidado su estrategia en su intento de convertir Túnez en un infierno para la migración subsahariana, después de haber difundido discursos racistas y deportado a centenares de refugiados y migrantes. En mayo, las autoridades lanzaron una campaña represiva contra ONG, activistas e incluso cargos públicos implicados en acciones solidarias y de apoyo a los migrantes. Pese a estos y otros abusos conocidos cometidos por Túnez, la Unión Europea mantiene sus acuerdos migratorios con Said para controlar la frontera sur.

El disparo de salida de la última ola represiva fue una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrado el pasado 6 de mayo. En ella, Said utilizó palabras gruesas como “traidores” o “mercenarios” para referirse a asociaciones humanitarias, a las que acusó de “recibir sumas astronómicas (…) para implantar africanos en Túnez”. Su discurso encaja con el que pronunció en febrero de 2023, cuando habló de la existencia de “un plan criminal” para cambiar la “composición demográfica de Túnez” y reemplazar su población árabe y musulmana por “hordas” de migrantes subsaharianos negros, una idea inspirada en la teoría del Gran Reemplazo que azuza la extrema derecha europea.

Los días siguientes, la policía arrestó a varios responsables de tres ONG conocidas por sus labores de solidaridad con migrantes. Seis de ellos, incluidos la expresidenta de la ONG francesa Terre d’Asile, Sherifa Riahi; la activista antirracista de Mnemty, Saadia Mosbah; y el presidente del Consejo Tunecino para los Refugiados, continúan entre rejas. Además, otras decenas de personas fueron imputadas o interrogadas por la policía, la mayoría por haber trabajado o colaborado con estas organizaciones. Entre ellos, figuran funcionarios municipales, un exalcalde, trabajadores humanitarios e, incluso, propietarios de hoteles que albergaban refugiados.

Según fuentes cercanas al proceso, que se halla en fase de instrucción, las acusaciones son asociación con malhechores con el fin de ayudar a entrar a personas extranjeras ilegalmente en el país y blanqueo de dinero. Las penas para este último cargo, establecidas en la ley antiterrorista, son muy graves y oscilan entre los 10 y los 20 años de cárcel. En el círculo próximo a los imputados existe la convicción de que son acusaciones completamente fabricadas. De momento, las sedes de las tres asociaciones mencionadas han sido selladas y sus cuentas bancarias congeladas, por lo que han cesado su actividad.

“Como otras veces, los seguidores de Said lanzaron primero una campaña de demonización en las redes sociales y poco después empezaron los arrestos”, comenta Romdhane Ben Amour, investigador del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales. El verano pasado, tras un pico de comentarios racistas en las redes, las autoridades deportaron a centenares de migrantes y refugiados subsaharianos a una zona fronteriza con Libia. Atrapados en tierra de nadie, al menos una veintena murió de sed. No fue hasta la citada reunión del Consejo de Seguridad Nacional que, en boca del propio presidente Said, el Estado reconoció haber realizado estas prácticas en algunas ocasiones.

“Aterrorizados”

“Como consecuencia de estas medidas, los migrantes han quedado aislados, privados de la ayuda de cualquier institución. Quienes lo hacían, están ahora aterrorizados”, comenta Ben Amour, especializado en la cuestión migratoria. Túnez no cuenta con un sistema público para el reconocimiento y acogida de refugiados, por lo que esta labor quedaba en manos de ACNUR. La agencia de la ONU subcontrataba a menudo al Consejo Tunecino para los Refugiados, una de las asociaciones víctimas de la campaña de represión. Ahora, la única opción que ofrecen las organizaciones internacionales, esta sí con el apoyo del régimen, es el “retorno voluntario” a través de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

El año pasado se creó una red informal de activistas que prestaban ayuda a las personas migrantes y refugiados de forma clandestina, “Aún continuamos con la labor, pero hemos reducido nuestras actividades”, reconoce un miembro del grupo. La ciudadanía teme realizar cualquier tipo de ayuda, pues incluso se han arrestado propietarios por alquilarles un apartamento. Así las cosas, la mayoría de migrantes y refugiados se esconden en precarios campamentos en bosques y campos en las afueras de la ciudad de Sfax a la espera de partir en alguna embarcación hacia Europa. Antes, era habitual que los migrantes permanecieran en Túnez algunos meses, trabajando en el sector informal para ahorrar y sufragar el viaje a Europa. Según datos oficiales, ahora hay unas 23.000 personas en situación irregular en Túnez, un país de 12 millones de personas, lo que representa una reducción sensible respecto a años anteriores.

Kais Said ascendió al poder a través de las urnas en 2019. Sin embargo, dos años después, dio un autogolpe y se inició una deriva autoritaria que le ha permitido arrogarse poderes absolutos. Hasta ocho de sus rivales en las elecciones presidenciales del próximo 6 de octubre han sido arrestados este mes. “Said es un populista que vive de azuzar el miedo a oscuros lobbies, monopolistas y élites corruptas”, comenta un analista vetado en los medios por sus opiniones críticas. “Pero su mayor obsesión son las conspiraciones extranjeras. Y las actividades de las ONG humanitarias financiadas desde fuera encajan con su narrativa”, añade.

Estos ataques se enmarcan también en una política de acoso a la sociedad civil en general. Hace meses, Said anunció su intención de enmendar el llamado Decreto 88, que regula el mundo asociativo, aprobado tras la Revolución de 2011 y de talante garantista. El presidente pretende introducir restricciones draconianas en línea con otros regímenes autoritarios de la región como Egipto. “Si se aprueba [la enmienda] se echará a perder toda una década de trabajo en temas como los derechos humanos y la democracia”, lamenta Bassem Trifi, presidente de la Liga Tunecina para los Derechos Humanos.

Las medidas contras las ONG humanitarias han contado con una tibia respuesta de la UE. “Su política de criminalización está en línea con la de Georgia Meloni y la extrema derecha. A la UE, le va bien porque ha dejado claro que quiere frenar la migración a cualquier precio. Así que Said ve que todas estas acciones tienen recompensa en forma de ayudas”, espeta Ben Amour. En mayo, tras la presión de las asociaciones, la delegación comunitaria en Túnez se limitó a emitir un vago comunicado en el que deploraba “las detenciones de figuras de la sociedad civil, periodistas y políticos”.

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