Desaires en público, diálogo escaso, críticas que se disparan desde los medios y las redes sociales sin aviso previo, exclusiones en actos oficiales: la relación entre el ultraderechista Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se descompone día a día, desde hace meses. Aunque sin ataques directos entre ellos, el conflicto ya es inocultable y no lo disimulan ni en Casa Rosada ni en la presidencia del Senado, donde Villarruel ejerce la titularidad por mandato constitucional. Allí, en las dependencias del Congreso donde tiene su despacho, se siente confinada Villarruel, sin margen de acción política después de que Milei rompiese su promesa de campaña de entregarle el control de al menos dos ministerios. “Es como tener a una leona enjaulada”, dicen cerca de la vicepresidenta. La tensión entre las principales autoridades del Gobierno no es gratuita. En la última semana, la raquítica “tropa” parlamentaria oficialista perdió dos bancas y en ambos casos se cruzaron los temas que enfrentan a Milei y Villarruel.

Como observa un ministro del Ejecutivo, en el Gobierno de Milei confluyen dos líneas de la derecha argentina, “una más liberal y otra más conservadora”. El presidente representaría a la primera —pese a que conspiran sus posturas contrarias al aborto y a las políticas de género, entre otras cosas—; la vicepresidenta se promociona como exponente de la segunda. Mientras el discurso central de Milei ha sido el de desregular la economía y desguazar el Estado, con “la casta” como principal enemigo, el de Villarruel, hija y nieta de militares, se ha enfocado en desarmar los consensos sociales alcanzados en democracia en torno a las políticas de derechos humanos, expresión del negacionismo del terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura (1976-1983).

La virtual armonía de esos roles duró lo que la campaña electoral. Ni bien asumió el Gobierno ultra en diciembre pasado, Villarruel fue apartada de la toma de decisiones. El acuerdo previo era que bajo la órbita de la vicepresidenta quedarían las carteras de Defensa y de Seguridad, pero Milei los cedió a referentes de la hoy disuelta alianza de centroderecha que formaban el PRO —el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)— y la Unión Cívica Radical (socialdemócrata). Villarruel no recibió compensación alguna.

De allí en más, el malestar fue creciendo y los cortocircuitos se repiten. El Ejecutivo le atribuyó responsabilidad a Villarruel por el escándalo que se desató ante el aumento de las dietas de los senadores y por las últimas derrotas que sufrió el oficialismo en la Cámara alta, como la pérdida del control de una comisión clave —la bicameral que supervisa a la Secretaría de Inteligencia— y la aprobación de una ley que incrementa las pensiones —revirtiendo el ajuste aplicado por Milei, quien ya firmó el veto a la norma—. Uno de los encontronazos más evidentes ocurrió cuando Villarruel defendió a los futbolistas del seleccionado argentino campeón de América que habían entonado cantos racistas en desmedro de sus pares franceses. A días de una visita oficial de Milei a París, la vicepresidenta fue públicamente desautorizada por el Ejecutivo y la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, se disculpó personalmente ante la Embajada de Francia en Buenos Aires.

En el entorno de la vicepresidenta se quejan por el “fuego amigo” y por que nadie les anticipa las decisiones que les incumben. Enfatizan que Villarruel no tiene incidencia sobre lo que votan los senadores -de hecho, no es senadora, aunque por su cargo sea la presidenta de la Cámara y tenga un voto de desempate en caso de ser necesario-, que siempre fue leal al presidente. Dicen además que, ante problemas similares, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibe un trato bastante más favorable por parte del Ejecutivo. Los dardos no apuntan tanto a Milei como a su círculo más estrecho, especialmente contra Santiago Caputo, el asesor presidencial sin cargo formal, pero también a la hermana del mandatario. Con Karina Milei, matizan, hay una relación de respeto “entre dos mujeres con personalidad fuerte”. Villarruel definió en marzo a ese vínculo difícil: dijo que, entre ella y Karina, el presidente quedaba en medio como un “pobre jamoncito”.

Excluida o relegada en distintos actos oficiales, la vicepresidenta desarrolla actividades propias, paralelas. Se muestra recorriendo el interior del país y cultiva una imagen que pretende contrastar, en las formas y los estilos, con la de Milei: se postula como una suerte de representante de la ultraderecha de “buenos modales”, más nacionalista y respetuosa de las reglas institucionales.

La memoria en juego

Nieta, hija y sobrina de militares, Villarruel construyó su figura pública a partir de la reivindicación de las víctimas de las organizaciones políticas que en los años setenta se volcaron a la lucha armada. Desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), aboga desde hace años por lo que llama “memoria completa”, un intento por instalar que en Argentina hubo una guerra civil y que los delitos de los grupos armados son equiparables a los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el Estado.

En el Senado, el martes pasado, la vicepresidenta montó la escenografía para darle amparo institucional a ese discurso que legitima a la dictadura. El propósito fue conmemorar del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y, allí, sus palabras plantearon la necesidad de “dejar el pasado atrás, pero con justicia”. “Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo”, anunció y afirmó que “todos” los exintegrantes de Montoneros, la organización armada peronista, “tienen que estar presos por ensangrentar nuestra Nación”. No mencionó que diversos casos ya fueron juzgados y que muchos de los supuestos involucrados fueron asesinados o desaparecidos durante la dictadura, sin que haya rastros de ellos. Hasta ahora los tribunales judiciales han considerado prescriptos los delitos de las organizaciones guerrilleras y han rechazado juzgarlos como crímenes de lesa humanidad.

Apenas unas horas después, el Ejecutivo tomaba distancia, otra vez, de los dichos de la vicepresidenta. “Obviamente es un tema de la agenda de Villarruel porque es su bandera […] Es un tema que hoy no está en la agenda del Presidente”, dijo el miércoles el vocero de Casa Rosada, Manuel Adorni.

Con palabras parecidas, Milei había buscado desligarse, días antes, de la visita que seis diputados oficialistas hicieron a represores presos, como el exmarino Alfredo Astiz, por secuestros, torturas y asesinatos. El escándalo y los repudios que generó esa excursión a la cárcel de Ezeiza derivaron en el debilitamiento de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara baja: una de las diputadas que participó de la reunión, Lourdes Arrieta, denunció que viajó engañada y que no sabía con quiénes se encontraría. Reveló más tarde que el objetivo del encuentro fue elaborar un proyecto para que los represores sean liberados. Abandonó el bloque antes de que la echaran.

Villarruel asegura no haber tenido nada que ver con la visita a los represores, pero en el oficialismo muchos desconfían. Y recuerdan que ella solía visitar en la cárcel al exdictador Jorge Rafael Videla.

El juez y la casta

Un foco de incendio declarado entre el presidente y su vice es la Corte Suprema de Justicia. Para cubrir dos vacantes en el máximo tribunal, Milei propuso al juez federal Ariel Lijo y al abogado conservador Manuel García-Mansilla. Si el segundo es impulsado por afinidad ideológica, el primero es parte de un acuerdo entre el asesor Caputo y el actual juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, hoy en minoría dentro del tribunal, integrado por cinco magistrados.

Lijo es resistido por numerosas organizaciones de la sociedad civil, parte de la oposición e incluso aliados del Gobierno, como el expresidente Macri. También por Villarruel: “Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios”, dijo. Cerca de la vicepresidenta afirman que ella lo ve como a un miembro de “la casta” judicial