La Contraloría General de la República (CGR) detecta «irregularidades significativas» en acuerdos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades
La Contraloría General de la República (CGR) ha expuesto una serie de “irregularidades significativas” tras analizar los acuerdos firmados entre la Fundación Daya y 13 municipalidades de Chile. Este hallazgo se ha dado a conocer a través del informe final N° 247 de 2024, el cual evalúa los convenios suscritos desde enero de 2015 hasta diciembre de 2023.
Municipalidades y Programa
Las municipalidades involucradas incluyen Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. Los acuerdos se centraban en la implementación del “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, lo cual involucraba un financiamiento total de $423.426.000. De esta cantidad, $359.025.625 fueron entregados a la fundación para llevar a cabo el programa.
Falta de Autorización del ISP
Uno de los problemas más críticos identificados por la Contraloría es que el laboratorio encargado de fabricar el aceite de cannabis no contaba con la autorización necesaria del Instituto de Salud Pública (ISP) durante la mayor parte del periodo del proyecto. Esto pone en duda la legalidad del proceso de fabricación. Además, aunque se transfirieron fondos significativos, las dosis producidas no fueron suficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, afectando gravemente a los pacientes que dependían del tratamiento.
Denuncia del Diputado Juan Irarrázaval
En octubre del año pasado, el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval denunció a la fundación ante la Contraloría. En respuesta, la diputada Ana María Gazmuri, fundadora de la organización, señaló que la falta de acción de algunos municipios había impedido la concreción del proyecto.
Anomalías Detectadas
El informe de la Contraloría revela varias anomalías. Aunque los convenios y las transferencias de recursos a la fundación de Ana María Gazmuri se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la cual se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.
Además, se constató que nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron solo una parte de las dosis. Algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la fundación. Asimismo, no se ejecutaron acciones judiciales al respecto.
Incumplimientos en Rendiciones de Cuentas
La Contraloría también comprobó incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales en cuanto a las rendiciones de cuentas. Entre los problemas detectados se incluyen: no exigirlas a la fundación con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la fundación y los gastos realizados, respectivamente; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos.
Además, se encontraron irregularidades como la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en los casos de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
Falta de Nuevas Autorizaciones
La Contraloría señala que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario. Además, las dosis producidas no estaban destinadas solo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondientes al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.
Acciones a Tomar
Frente a estos hallazgos, la Contraloría ha anunciado un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Además, los resultados de la investigación serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que en derecho correspondan.
La situación ha generado un gran revuelo, especialmente considerando el impacto que esta falta de cumplimiento ha tenido en los pacientes que dependían del tratamiento con aceite de cannabis. La comunidad espera respuestas y acciones concretas para resolver estas irregularidades y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.
