Declaraciones Polémicas del Presidente Boric y Ministros en el Caso Audios
En una reciente conferencia de prensa, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis Hermosilla, cuestionó severamente las declaraciones del presidente Gabriel Boric. El mandatario había destacado que el principal inculpado del caso Audios quedara en prisión preventiva, lo que generó una respuesta inmediata y enérgica por parte del abogado.
Según Hermosilla, las opiniones del presidente, junto con las de los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá, tienen un cariz «inconstitucional». Al referirse a un caso judicial en proceso, estas declaraciones, según el abogado, muestran una intervención indebida en la justicia.
En sus palabras, Hermosilla expresó que «una cosa es que uno diga estoy dispuesto a asumir responsabilidades, y la otra es que aparezcan autoridades haciendo acciones que son inconstitucionales, que son indebidas, y que confirman una arista política de esto». Estas declaraciones subrayan su preocupación sobre la influencia política en un proceso judicial que, según él, debería mantenerse imparcial.
Reacciones de las Autoridades
El abogado también mencionó que «ahora se ha agregado el Presidente de la República, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Esto ya parece una funa y esto debilita el objetivo que todos deberíamos tener, que es que el sistema salga fortalecido». Esta crítica apunta no solo al presidente Boric, sino también a los ministros involucrados, sugiriendo que sus comentarios públicos afectan negativamente la percepción de la justicia.
Hermosilla también destacó la importancia de respetar el principio de inocencia, afirmando que «es inaceptable que el presidente de la República, que la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia no respeten las normas constitucionales, y se permita hacer comentarios sarcásticos respecto a mi trabajo profesional». Según él, estos comentarios no solo son inapropiados sino también perjudiciales para el debido proceso legal.
Implicaciones Morales y Éticas
El abogado enfatizó la falta de ética en el comportamiento de las autoridades, diciendo que «hay un principio moral que se ha roto… los matones golpean a la gente cuando está en el suelo, eso no se hace». En su experiencia, incluso en los casos más graves como el abuso sexual o la violación, él nunca celebra la prisión preventiva de un acusado.
Las palabras de Hermosilla se enmarcan en un contexto donde el presidente Gabriel Boric había destacado la prisión preventiva de Luis Hermosilla, declarando que «no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos, así que qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel». Estas declaraciones fueron vistas por el abogado como una celebración inapropiada de la situación legal de su hermano.
Posible Intervención Política
Ante las declaraciones del presidente, Juan Pablo Hermosilla insinuó un interés político en la investigación. Según él, los vínculos de su hermano Luis con Andrés Chadwick y el ex presidente Sebastián Piñera podrían ser una motivación detrás de las acciones del Poder Ejecutivo.
En sus palabras, «es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y en el que no ha habido determinación de culpas todavía. Sólo se puede justificar por ganancias políticas pequeñas». Hermosilla sugirió que la intervención podría estar motivada por el vínculo de su hermano con figuras políticas de la derecha y su papel como abogado del ex presidente Piñera.
El abogado concluyó su crítica señalando que «el paso siguiente es que empecemos a sentir que aquí hay un móvil político detrás de esto y que porque mi hermano está vinculado a la derecha y porque era abogado del presidente Piñera… ¿eso es lo que motiva todo esto? No tienen por qué intervenir». Esta declaración pone en evidencia su preocupación de que la justicia esté siendo manipulada por intereses políticos, socavando así la confianza en el sistema judicial.
Las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla han generado un debate en torno a la independencia del Poder Judicial y el respeto a las normas constitucionales por parte de las autoridades. La controversia también pone de relieve la delicada relación entre la política y la justicia en casos de alto perfil.