El fundador de Telegram, Pável Dúrov, imputado por la justicia francesa
La Justicia francesa ha imputado este miércoles al fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes hasta la complicidad en la difusión de imágenes pedófilas. El multimillonario nacido en Rusia, que llevaba cuatro días detenido, ha quedado en libertad bajo fianza de cinco millones de euros y tiene la obligación de personarse ante la policía dos veces por semana, además de que se le prohíbe salir de Francia.
El arresto de Dúrov ―que según Forbes tiene una fortuna de casi 14.000 millones de euros―, se produjo el pasado sábado en el aeropuerto Le Bourget, en las afueras de París, en el marco de una investigación por ciberdelincuencia y, en concreto, por 12 delitos relacionados con transacciones ilícitas, pornografía infantil, fraude y negativa a comunicar información a las autoridades, según comunicó la Fiscalía. Los jueces de instrucción pidieron al Centro de Lucha contra la Delincuencia Digital (C3N) y a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONAF) que prosiguieran sus investigaciones.
El fundador de Telegram, con nacionalidad franco-rusa, pero residente en Dubai, es objeto de varios procedimientos legales en Francia por no actuar para evitar la criminalidad organizada en su red social y no colaborar con las autoridades que investigan esos delitos. La falta de moderadores en la plataforma, donde se produce tráfico de drogas, fraudes con criptomonedas o apología del terrorismo, está en el centro del caso.
Cada plataforma modera esos contenidos ilegales como puede y, además, todas reciben miles de peticiones de gobiernos para que revelen la identidad de usuarios que comparten contenidos delictivos. La mayoría de empresas acepta esas peticiones y colabora con las autoridades. Los cargos contra Dúrov se refieren a su “complicidad” o falta de atención y colaboración con las autoridades e incluso de “asociarse con criminales”, lo que está penado con cinco años de cárcel.
Telegram, que cuenta con 950 millones de usuarios activos, permite la creación de grupos de hasta 200.000 miembros, lo que la convierte también en una plataforma de contenidos. Estos grupos se crean en torno a intereses comunes: pueden ser políticos, culturales o de información sobre un tema concreto. También proliferan los grupos de piratería audiovisual.
Tanto el Gobierno de Rusia como el de Emiratos Árabes Unidos han solicitado acceso consular al acusado. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó el lunes un mensaje en la red social X para descartar que la detención de Dúrov fuese “una decisión política” y defender la independencia del poder judicial. “Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y de comunicación, con la innovación y con el espíritu emprendedor, y lo seguirá estando. En un Estado de derecho, las libertades se defienden dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales”, agregaba.
Por su parte, Telegram expresó en un comunicado que su CEO no tiene nada que ocultar y que viaja frecuentemente por Europa. “Es absurdo que una plataforma o su propietario sean responsables por los abusos en su plataforma. (…) Esperamos una rápida resolución de esta situación”, añadía la compañía. Esta explicaba que sus mensajes son seguros por su encriptación y que no recoge ni desvela información sobre sus usuarios, y que cumple las normas de la UE y que su sistema de moderación “se ajusta a los estándares del sector y mejora constantemente”.
Dúrov abandonó Rusia en 2014 tras negarse a cumplir las exigencias de cerrar las comunidades de la oposición en su plataforma de medios sociales VK, que después vendió. Junto a su hermano Nikolai fundó Telegram en 2013 y se ha erigido como adalid de la libertad de expresión. De hecho, reveló que algunos gobiernos habían intentado presionarle, pero que su aplicación debía seguir siendo una “plataforma neutral” y no un “actor en la geopolítica”.
La obsesión de Dúrov con la libertad en internet y el anonimato de los usuarios ha sido total desde entonces. Sin embargo, no distingue en este sentido entre regímenes autoritarios que buscan disidentes y los jueces de países democráticos que quieren frenar la difusión de contenido pederasta o la piratería.
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