El Senado de Chile ha aprobado una resolución por la que pide al presidente, Gabriel Boric, que impulse la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, «por delitos de lesa humanidad».

La resolución, aprobada por 21 votos a favor y ninguno en contra -el oficialismo no estaba en la sala-, fue impulsada por las bancadas conservadoras de la Cámara Alta, aunque también contó con el apoyo de socialcristianos y del Partido Verde, y destaca que los «graves crímenes» de Maduro «constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad».

«No es posible ignorar el sufrimiento de miles de víctimas por causa de persecuciones de distinta índole ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela durante años», añade el texto que menciona las fraudulentas elecciones del 28 de julio.

Si 26 años atrás la petición de detención del ex dictador Augusto Pinochet por parte del juez Baltasar Garzón provocó un terremoto político en el país y puso en primer plano el concepto de la jurisdicción universal, esta vez llega desde Chile y con un gobernante de la región en la mira.

Boric, el presidente chileno más a la izquierda desde Salvador Allende en los años 70, destaca por su política de derechos humanos, en la que no distingue por ideologías. Así, es uno de los más severos críticos de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que define como «dictaduras», y se ha colocado en la línea dura en América Latina junto a otros 10 países entre los que se cuenta la Argentina del ultraliberal Javier Milei.

Los senadores conservadores le piden sin embargo a Boric que vaya más allá y «no solamente reconozca al verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la CPI (Corte Penal Internacional) pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen».

Chile no ha reconocido aún a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, algo que otros países sí hicieron, pero dice con todas las letras que en Venezuela se cometió un fraude y que no hay por qué repetir las elecciones, tal como proponen Brasil y Colombia.

Llamamiento a la fiscal de la CPI

El Senado chileno exhortó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a llevar el caso de Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares y avanzar así con el proceso judicial contra Maduro.

La resolución recuerda que en 2018 Chile hizo una presentación junto a Argentina, Canadá, Colombia y Perú ante la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por los crímenes en Venezuela.

«Basta ya de impunidad. Debe pagar por todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos; por el hostigamiento a la oposición, por los crímenes que se están cometiendo en Venezuela», dijo el senador conservador Francisco Chahuan.

Las autoridades venezolanas son objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En 2023 la CPI rechazó una apelación del gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga. Tras el rechazo, la CPI continúa con la investigación.