La Cámara de Diputados aprueba iniciativa de cargador universal para dispositivos electrónicos en Chile
En un paso significativo hacia la reducción de la basura electrónica, la Cámara de Diputados ha despachado a ley una iniciativa que establece un cargador universal para todos los dispositivos electrónicos. Este nuevo marco regulatorio afectará a teléfonos celulares, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y consolas de videojuegos.
La propuesta, encabezada por el diputado Daniel Lilayu (UDI), tiene como objetivo principal reducir la creciente cantidad de residuos electrónicos. En Chile, se estima que hay cerca de 30 millones de líneas telefónicas, lo que genera una cantidad considerable de cargadores obsoletos y dispositivos desechados.
Plazos de implementación
El proyecto establece un plazo de dos años para que los teléfonos celulares sean adaptados al nuevo estándar de cargador universal. Para el resto de los dispositivos electrónicos, como tablets y cámaras, se ha definido un plazo de cuatro años. Esto permitirá a los fabricantes y proveedores ajustar sus líneas de producción y distribución conforme a la nueva normativa.
Regulaciones adicionales en el Senado
En el Senado, se han añadido disposiciones que obligan a los proveedores a garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus accesorios de carga. Esto significa que los consumidores podrán usar un único cargador para múltiples dispositivos, simplificando así su uso diario.
Además, los proveedores deberán ofrecer la opción de adquirir los productos conjuntamente o por separado. Es decir, los consumidores podrán elegir si comprar el dispositivo con su cargador o sin él, evitando el desperdicio de cargadores no deseados.
Prohibición de ventas atadas
Una de las medidas más destacadas es la prohibición de atar la compra de un equipo con su cargador. Las empresas estarán obligadas a informar claramente a los consumidores si el cargador universal está incluido o no en el paquete del producto. Esta medida busca fomentar la transparencia y permitir a los consumidores tomar decisiones informadas.
Impacto en la economía y el medio ambiente
Andrés Herrera, director nacional del Sernac, explicó que “esta normativa pone a nuestro país en línea con la regulación europea en esta materia, e implica una simplificación en el uso de los equipos y dispositivos electrónicos, contribuyendo a reducir residuos tecnológicos y a disminuir costos innecesarios”.
El impacto ambiental de esta medida es significativo, ya que se espera una reducción considerable de residuos tecnológicos. Además, la estandarización de los cargadores permitirá a los consumidores ahorrar dinero al no tener que adquirir múltiples cargadores para diferentes dispositivos.
La iniciativa también podría tener un impacto positivo en la economía circular, promoviendo el reciclaje y la reutilización de cargadores y dispositivos. Esto, a su vez, podría generar nuevos empleos en el sector del reciclaje y la gestión de residuos electrónicos.
Desafíos y expectativas
A pesar de los beneficios esperados, la implementación de esta normativa presenta desafíos. Los fabricantes tendrán que ajustar sus procesos de producción y distribución, lo que podría implicar costos adicionales. Sin embargo, la mayoría de los actores del sector tecnológico han mostrado una actitud positiva hacia la medida, reconociendo su importancia para el medio ambiente y los consumidores.
El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la cooperación entre los fabricantes, proveedores y organismos reguladores. La transparencia y la educación al consumidor serán clave para asegurar que la transición hacia el cargador universal sea lo más fluida posible.
En resumen, la aprobación de esta iniciativa por parte de la Cámara de Diputados marca un hito importante en la regulación de dispositivos electrónicos en Chile. Con la implementación de un cargador universal, se espera no solo una reducción en los residuos electrónicos, sino también una mayor comodidad y ahorro para los consumidores. La alineación con la normativa europea también posiciona a Chile como un país comprometido con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.