El pasado año, Chile implementó una reforma a su Ley de Insolvencia. Esta reforma, que cumplió recientemente su primer aniversario, tenía el objetivo de simplificar los procesos para personas y micro y pequeñas empresas (MIPES) con problemas de sobreendeudamiento. Ahora, un año después, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, ofrece su análisis sobre si se han cumplido o no los objetivos de la ley.
Si bien Sánchez sostiene que es temprano para juzgar el impacto de la ley, ya que por lo general se necesita de tres a cinco años para evaluar una nueva legislación, asegura que se ha cumplido la meta de simplificar los procesos. Según Sánchez, se puede afirmar que la nueva ley sí está cumpliendo los presupuestos para los cuales se diseñó.
Para entender cómo esta reforma ha cambiado la situación, es importante revisar los cambios más destacados que introdujo. En primer lugar, la ley redefinió el concepto de empresas y excluyó a los emisores de boletas de honorarios, quienes antes debían presentarse como empresas en un tribunal para reorganizarse o liquidarse. Este proceso era más costoso y más largo. Ahora, estas personas se consideran individuos y pueden acceder de manera privilegiada a la renegociación. De hecho, Sánchez resalta que el 66% de las personas que se están renegociando en la Superintendencia son emisores de boletas de honorarios.
Estas personas no están en un nivel de insolvencia muy profundo, sino que tienen la capacidad de pagar y pueden proponer a sus acreedores una manera más beneficiosa de pagar todas sus deudas a través de una mayor cantidad de cuotas. Además, a través de la Superintendencia se suelen conseguir intereses más bajos que si la persona acude al acreedor por su cuenta.
Para entrar en un proceso de renegociación es necesario cumplir con ciertas condiciones de insolvencia o sobreendeudamiento. Estas incluyen tener deudas vencidas de al menos 90 días y cuyo valor total sea de al menos 80 UF, aproximadamente 3 millones de pesos. Además, no debe haber ninguna demanda de juicio ejecutivo en un tribunal por parte de algún acreedor, ya que esto podría interferir con el proceso de renegociación.
Sánchez también destaca que la nueva ley ha reducido significativamente los tiempos de liquidación para personas y MIPES. Antes, estos procesos podían durar entre dos y tres años, pero ahora, gracias a la reducción de la burocracia innecesaria como la obligatoriedad de audiencias, los procesos simplificados de liquidación duran entre cinco y seis meses. Además, se han implementado mejoras en la eliminación de registros públicos y privados en menos de 30 días, lo que ha agilizado aún más el proceso.
En cuanto a los costos asociados, la reducción de la burocracia también ha aliviado los gastos asociados a las liquidaciones. Esto se ha logrado eliminando la necesidad de audiencias presenciales y permitiendo que todo se realice de manera remota, desde la incautación de bienes hasta su venta, que ahora se realiza a través de plataformas online, simplificando y economizando todo el proceso.
En respuesta a la pregunta de si hay más personas y pymes sobre endeudadas en la primera etapa del año, Sánchez explicó que la tendencia ha sido constante, con personas recurren a la insolvencia o renegociación. Esto se debe en parte a la difusión de la nueva ley y la educación financiera ofrecida en colaboración con SERNAC y SERCOTEC. Asimismo, destacó que la reorganización simplificada ha permitido una reducción significativa en los costos de los honorarios de los veedores, facilitando el acceso a estos procesos para las empresas más pequeñas.
