El 20 de mayo se suscribió el «fast track 2.0» de seguridad entre el Ejecutivo y el Legislativo, una iniciativa que buscaba acelerar las discusiones y aprobaciones de proyectos de ley en temas de seguridad. Sin embargo, a tres meses de su anuncio, esta iniciativa parece estar en un punto muerto en el Congreso.
El Ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), informó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que de los 32 proyectos de la agenda, solo uno, el de reincidencia, logró ser despachado a ley. Los otros 30 proyectos aún están en tramitación y uno más, sobre gobernanza digital, está pendiente de su ingreso.
Estos hechos han generado incredulidad en la Comisión de Seguridad de la Cámara, la cual ha cuestionado la lentitud en la tramitación de la nueva agenda de seguridad, acordada hace casi tres meses en respuesta a la crisis de seguridad que enfrenta el país.
En este contexto, parlamentarios de diferentes bancadas han señalado responsables por la parálisis del proyecto. El diputado oficialista, Tomás Lagomarsino (PR), señaló que «Más que fast-track, parece una tramitación tortuga». Según Lagomarsino, el primer responsable es el Ejecutivo, que es quien pone la urgencia. En segundo lugar, apuntó a diputados oficialistas, principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, argumentando que ellos tienen temor a legislar en esta materia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Naveillán (PSC), coincidió con Lagomarsino, destacando que el Socialismo Democrático sí ha colaborado, pero no ha observado la misma postura por parte del FA y el PC. Según Naveillán, estos últimos no están dispuestos a avanzar y tratan de obstaculizar u oponerse a temas que incluso el mismo Gobierno propone, dificultando la implementación de leyes más duras y penas más altas.
Otro factor que ha complicado la tramitación de la agenda legislativa es que los proyectos no han logrado convencer a Renovación Nacional. El diputado Andrés Longton admitió que nunca estuvieron de acuerdo con el segundo fast-track legislativo, ya que consideraban que había proyectos que no tenían ninguna relevancia desde el punto de vista de la seguridad, como uno que potenciaba la música y eventos culturales.
Longton también lamenta que hayan quedado fuera de la agenda algunos proyectos que considera fundamentales, como el que tipifica el ingreso ilegal al país, o el que endurece las penas a los homicidas hasta los 50 años. Asimismo, afirmó que este fast-track solamente tuvo como efecto dar una señal comunicacional.
El diputado Andrés Celis (RN) criticó que el acuerdo fue presentado como la solución definitiva a la crisis de inseguridad, pero lamentablemente se está quedando en el papel y diluyéndose en la burocracia. Para él, el fast-track se ha convertido en una estrategia comunicacional que sirvió para controlar la crisis.
Por otro lado, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) acusó al Ejecutivo de echar toda la responsabilidad por la lucha contra la delincuencia al Congreso, y de no ser capaces de hacer nada por vía administrativa. Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez, responsabiliza a la oposición por el estancamiento y la lentitud con la que ha avanzado el proyecto.
Además, el Ejecutivo fue criticado por parlamentarios que lo acusaron de incumplir lo que consta en la agenda de seguridad, en orden a que el Gobierno iba a patrocinar e indicar mociones de la oposición sobre sancionar el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles. Ante los cuestionamientos, el Ministro Elizalde anunció la fusión de las mociones de los parlamentarios con el mensaje presidencial, sobre el no ingreso de elementos prohibidos a los recintos carcelarios.
