En un reciente giro de eventos, el Senado de Chile ha llegado a un acuerdo para desbloquear el debate sobre la reforma del sistema de pensiones. Hernán González, un respetado profesor en Valparaíso, ha arrojado luz sobre este acontecimiento, que parece confirmar que, a pesar de su desprestigio y la pérdida de confianza pública, la Asociación de AFP sigue dictando el ritmo de la discusión. Sorprendentemente, la discusión se ha aplazado hasta enero, probablemente a la espera del resultado de las elecciones municipales.
Es francamente increíble que uno de los componentes más cruciales de nuestro sistema económico y social, causante de pobreza y déficit fiscal, pero también generador de enormes fortunas y opulentos negocios; políticamente inviable y socialmente desprovisto de toda legitimidad, continúe siendo objeto de un debate interminable en el Parlamento.
Mientras muchos celebran este acuerdo, la derecha chilena, con su característica hipocresía y falta de pudor, asiente con una sonrisa complaciente. Su mayoría en el Senado, concedida por unos pocos desertores que se autodenominan de centro-izquierda, es lo que les permite esto. Algunos oportunistas que antes blandían máquinas excavadoras de plástico, ahora felicitan a la derecha por su gesto republicano, o quizás a sí mismos por su habilidad para ceder.
Mario Marcel y Jeanette Jara, los ministros del gobierno chileno, han demostrado una paciencia y una resistencia estomacal notables al tener que escuchar una vez más los lamentos de la derecha y de las AFP sobre el escaso ahorro de los trabajadores, la longevidad de estos y las falacias de los operadores políticos que sugieren que el Estado pretende quedarse con los ahorros de los trabajadores, ahorros que las AFP han controlado durante décadas para alimentar sus obscenas fortunas y campañas políticas.
Los ministros no han tenido más opción que lidiar con una situación en la que los poderes fácticos han tomado el control de nuestra democracia. Se han visto obligados a conformarse con unas pocas reformas inofensivas obtenidas a través de negociaciones y fórmulas cada vez más complicadas, similares a las que dieron origen a nuestro peculiar sistema económico y social, repleto de áreas grises de colaboración público-privada donde se amasan fortunas con dinero del Estado.
Lo que una vez se presentó como un argumento para justificar la necesidad de la política de los acuerdos, se ha convertido en una virtud republicana, desvinculada de la realidad de millones de chilenos y que explica la ridícula legitimidad que ostentan instituciones como el Congreso y los tribunales de justicia. Sin embargo, de vez en cuando, como en 2006, 2011 o 2019, el pueblo encuentra la manera de recordarles su existencia y la fuerza telúrica que se acumula detrás de las exclusiones, los abusos y el desprecio con el que es tratado por los ricos, los políticos corruptos y los comentaristas de la farándula, reacciona haciéndoselo saber.
Las recientes subidas de precios, la falta de escrúpulos de las Isapres y sus representantes políticos, sumados a la ineficiencia de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y el abandono en que dejan a miles de usuarios durante semanas, están acumulando la tensión necesaria para que se produzca una nueva oportunidad de reforma.
No obstante, la pasividad con la que estas situaciones han sido toleradas o en muchos casos, discutidas con aire de sabiduría por líderes políticos y sindicales, sólo despeja el camino para Kast y su pandilla, que con sus explicaciones sentimentales y simplistas, como señaló la expresidenta Bachelet, llegan con mucha más eficacia al pueblo.
Esta conversión de la necesidad en virtud, en realidad no es más que la normalización de las condiciones de la dominación neoliberal y la renuncia a considerar la posibilidad de una transformación efectiva y estructural de las bases sobre las que se ha construido la sociedad actual, caracterizada por la desigualdad, el abuso, la destrucción del medio ambiente y la exclusión. Estos problemas se han contenido con algunos parches temporales que permiten que la sociedad no colapse definitivamente y que el pueblo sobreviva, pero que también podrían normalizarse y allanar el camino hacia el fascismo.
