La reciente remoción de Isabel Amor como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos ha provocado una ola de controversia y cuestionamientos. Amor, quien había accedido al cargo a través de un concurso de Alta Dirección Pública, fue abruptamente destituida en un lapso de menos de 72 horas desde su nombramiento, lo cual ha suscitado inquietudes y comentarios críticos.
Un grupo de parlamentarios del partido Renovación Nacional (RN), integrado por los diputados Frank Sauerbaum, quien es miembro de la Comisión de Trabajo, Camila Flores, Paula Labra, Ximena Ossandón, Jorge Rathgeb, Miguel Mellado y Diego Schalper, ha decidido dirigirse formalmente a las autoridades pertinentes exigiendo claridad en el asunto.
Los diputados han enviado un oficio a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y al director del Trabajo, Pablo Zenteno, solicitando una investigación detallada sobre las circunstancias que llevaron a la destitución de Amor. En el oficio, los parlamentarios expresaron su preocupación y afirmaron que en este caso existe una «evidente vulneración de derechos».
La incertidumbre en torno a la destitución de Amor, tal como plantean los legisladores, podría estar relacionada con la situación de su padre, quien fue condenado por su participación en hechos delictivos contrarios a los Derechos Humanos. Este argumento se basa en el hecho de que Amor, a pesar de haber ganado su puesto de manera legítima a través de un proceso público y contar con una sólida formación y experiencia laboral, fue destituida poco después de asumir sus funciones.
El documento enviado por los diputados también critica la justificación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para la destitución de Amor, alegando una «pérdida de confianza» basada en supuestas declaraciones de la exdirectora. Los diputados argumentan que esto contradice abiertamente el derecho a la libertad de expresión y de opinión, reconocido a nivel constitucional y protegido en el ámbito laboral de acuerdo con el artículo 485 del Código del Trabajo.
Frank Sauerbaum, uno de los diputados que firmó el oficio, declaró que la atribución del Gobierno de la «pérdida de confianza» como justificación para no mantener en el cargo a alguien que ganó su puesto de manera legítima a través de un concurso público es «discriminatoria» y «arbitraria». Añadió que se está solicitando una aclaración lo más rápido posible.
Además, los legisladores destacan que, a pesar de las consultas realizadas, las respuestas del Gobierno han sido «insatisfactorias y poco claras». Exigen que se tomen medidas dentro de las atribuciones del Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo para investigar y sancionar cualquier vulneración de derechos laborales. Según Sauerbaum, «estos casos no pueden quedar impunes simplemente por una mala decisión o simplemente una decisión antojadiza».
