El reciente pedido de un grupo de parlamentarios de la oposición a la Contraloría General de la República para revisar la legalidad de las asignaciones parlamentarias otorgadas a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ha generado un renovado debate en torno al uso de los fondos públicos. Los parlamentarios de la oposición solicitan que, de ser necesario, se ordene la instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas existentes en relación con las asignaciones mencionadas.
La acción fue presentada por los diputados Agustín Romero, José Carlos Meza, Luis Fernando Sánchez, Chiara Barchiesi, Stephan Schubert, Harry Jürgensen, Renzo Trisotti, Catalina del Real, Cristóbal Urruticoechea, Benjamín Moreno, Sofía Cid y Juan Irarrázaval. Los parlamentarios argumentan que la dieta de los expresidentes está regulada por los incisos 2, 3 y 5 del artículo 30 de la Constitución, junto con el artículo 62 de la misma Carta Magna.
El artículo 30 establece que el Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido. Aquel que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de ExPresidente de la República. Sin embargo, este título no será otorgado a aquellos que lleguen a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo, ni a aquellos que hayan sido declarados culpables en juicio político seguido en su contra.
El artículo 62, por su parte, sostiene que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado. Esta dieta es asignada año tras año por la Ley de Presupuesto y es asignada por el Senado de la República. Por ejemplo, en la ley de presupuesto del año 2024, como todas las posteriores a la reforma constitucional que modificó el artículo 30 de la Carta Magna, se dispone un fondo para los expresidentes con el rótulo “aplicación Ley 19.672”, que es la Reforma Constitucional con el fin de establecer el estatuto de los exPresidentes de la República.
Según explican los parlamentarios en su solicitud, bajo esta asignación, el Senado transfiere a los expresidentes no solo el sueldo de los Ministros de Estado que manda la Constitución como única renta, sino también otras asignaciones parlamentarias que tienen su origen en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (artículo 66 y siguientes) y las resoluciones que se ajusten a dicho artículo emanadas del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Estas asignaciones, en teoría, están destinadas a financiar todas las funciones parlamentarias.
Los parlamentarios de oposición argumentan que esta situación es inconstitucional e ilegal, ya que a los expresidentes solo se les debería pagar la dieta que reciben los parlamentarios, pero no las asignaciones parlamentarias. Estas últimas se otorgan en función de la labor parlamentaria que ejercen los parlamentarios en ejercicio.
Las asignaciones que reciben los expresidentes para traslación y funcionamiento de oficina, según los parlamentarios de oposición, no tienen una base constitucional o legal. El artículo 30 de la Carta Magna dispone que se aplica el artículo 62 a los expresidentes, pero las asignaciones parlamentarias para traslado y oficina solo las reciben los parlamentarios en ejercicio para cumplir con la labor parlamentaria, conforme al artículo 66 de la LOC del Congreso Nacional.
Finalmente, los diputados de oposición expresaron su preocupación por el hecho de que estas asignaciones ilegales, en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, financien incluso una Fundación. Según los parlamentarios, se está torciendo la ley al recibir fondos para una función parlamentaria que no se tiene y luego destinar esos fondos a una entidad jurídica de Derecho Privado, una Fundación, algo que ni los parlamentarios pueden hacer en el ejercicio de su cargo.
