El miércoles pasado, un grupo de diputados y diputadas del partido Renovación Nacional (RN) en Chile presentó un proyecto de reforma constitucional que busca prohibir a los deudores de alimentos postularse para cargos legislativos y la presidencia del país. Esta medida se propone como una respuesta a la creciente demanda social que busca asegurar que aquellos que ocupan cargos de representación popular cumplan con sus obligaciones legales y morales.
Ximena Ossandón, Camila Flores, Paula Labra, Maria Luisa Cordero, Marcia Raphael, y Carla Morales, son algunas de las diputadas de RN que patrocinan la propuesta y reciben el respaldo de sus correligionarios, Miguel Ángel Becker y Frank Sauerbaum. A ellos se sumaron legisladores de otros partidos, como Pamela Jiles del Partido Humanista (PH) y la independiente Natalia Romero.
La propuesta busca modificar la Constitución para inhabilitar a quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, impidiéndoles ser candidatos a la presidencia, al Senado o a la Cámara de Diputados. Los proponentes del proyecto argumentan que el incumplimiento de estas obligaciones legales no es compatible con el estándar que se espera de quienes postulan a cargos de representación y tienen responsabilidad en decisiones colectivas que inciden en el futuro y el bienestar de miles, o incluso millones, de personas.
El proyecto sostiene que la percepción de que los políticos pueden evadir sus responsabilidades personales sin consecuencias legales daña gravemente la confianza en el Sistema Político y su capacidad para dar respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía. La iniciativa se presenta como una corrección a lo que consideran una discriminación existente, la cual no tiene justificación razonable y ciertamente no está en sintonía con el reproche social que merecen los deudores de alimentos.
La moción también pretende asegurar que los estándares de probidad sean aplicables a todos los niveles de la función pública, incluyendo al Presidente de la República y a los parlamentarios. La diputada Ximena Ossandón explicó que la actual normativa discrimina al no exigir este requisito a los cargos mencionados, mientras que otras autoridades, como alcaldes y concejales, sí deben cumplir con esta condición.
Según Ossandón, los parlamentarios, diputados, diputadas, senadores, senadoras y el Presidente de la República no estaban afectos a los reglamentos que exigían a alcaldes y concejales no tener deudas alimenticias para poder ejercer estos cargos. Por ello, desde Renovación Nacional se propone un proyecto de ley que promueve una reforma constitucional para que ningún candidato, ya sea a la Cámara Baja o Alta o a la Presidencia, pueda postular o ejercer el cargo si tiene deudas alimenticias.
Marcia Raphael, diputada por la región de Aysén, agregó que es fundamental poder avanzar en este tema, especialmente en el caso de los denominados «papitos corazón» que no tienen ningún problema para avanzar en sus metas a pesar de sus deudas alimenticias.
Finalmente, la diputada independiente Natalia Romero afirmó que es una condición sine qua non presentar este proyecto y extender esta prohibición a diputados, diputadas, senadores, senadoras y presidentes de la República. Romero resaltó la realidad que viven cientos de miles de mujeres que no reciben la pensión para poder mantener a sus hijos en Chile y subrayó la necesidad de que los parlamentarios estén a la altura de las circunstancias.
