El reciente caso de la desvinculación de Isabel Amor de su cargo como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos, a solo dos días de haber sido designada, ha vuelto a poner en primer plano el debate sobre la responsabilidad y la transparencia en la administración pública. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco, han hecho declaraciones en las que enfatizan la importancia de la confianza y la honestidad en el desempeño de cargos de autoridad.
El argumento presentado por Sernameg para justificar la salida de Amor es una supuesta “pérdida de confianza”, pero la afectada asegura que la razón real es la condena que cumplió su padre por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En una entrevista reciente, Amor había hecho referencia a su padre, argumentando que este no había sido un encubridor de crímenes, sino que simplemente «estuvo ahí».
Estas declaraciones fueron criticadas por la ministra Orellana, quien afirmó que aunque “nadie es responsable de los delitos de su padre”, hay una diferencia entre expresar una opinión como hijo y hacerlo como autoridad. En ese sentido, Orellana insistió en que “uno puede opinar lo que quiera como familiar, el rol de autoridad es distinto”.
Este caso remite a la reciente controversia protagonizada por el senador Javier Macaya, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a raíz de la defensa que hizo de su padre, Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de menores.
La ministra Orellana sostuvo que en el caso de Amor “hubo hechos que llevaron a la pérdida de confianza” y expresó su esperanza de que pronto se pueda designar a una nueva directora en Los Ríos, una zona con necesidades urgentes.
Por su parte, la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco, enfocó su argumento en la “omisión de información” por parte de Amor en el proceso de nombramiento. En una entrevista con radio ADN, Carrasco afirmó que la información que se habría omitido se fue entregando “poco a poco”.
Carrasco también insistió en que la entidad tiene una “postura clara respecto a que los hijos de personas que cometen violación a derechos humanos no tienen que cargar con el delito de su padre”. Sin embargo, argumentó que el problema radica en “no contar la información” y que en este caso particular, Amor omitió información relevante.
La directora nacional de Sernameg defendió la decisión de desvincular a Amor, asegurando que no fue una decisión “arbitraria, ni caprichosa, ni basada en cuestiones políticas”, sino que se relaciona con la confianza que debe existir entre una directora nacional y sus funcionarias.
Carrasco enfatizó que las personas que ocupan cargos públicos deben cumplir con “ciertos estándares” y que es fundamental que mantengan una postura clara en relación a las condenas que establece la justicia. En este sentido, acusó a Amor de “relativizar esa condena emitida por la justicia en un ámbito que es tan sensible para nuestro país que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra memoria y que hace referencia a los derechos humanos”.
