El anuncio realizado por el presidente Gabriel Boric de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Chile ha generado un debate sobre la efectividad de esta medida para combatir el sobrepoblamiento en los recintos penitenciarios de la nación. El país actualmente alberga una población penal de más de 56.000 presos, por lo que la necesidad de una solución efectiva para el hacinamiento es apremiante.
La nueva cárcel de máxima seguridad se propone como un espacio para albergar a los principales líderes del crimen organizado que actualmente están encarcelados. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por ser insuficiente para enfrentar la crisis carcelaria que enfrenta Chile.
La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG) ha sido una de las voces que se ha levantado en contra de la propuesta, señalando que la construcción de una nueva prisión solo evidencia la desconexión y falta de conocimiento de las autoridades sobre la situación actual del sistema penitenciario y cómo debe ser abordado.
El principal problema que señala la ANSOG es el déficit de plazas en la institución para poder resguardar el sistema carcelario. Actualmente, existen 1.300 cupos de planta autorizada que no están cubiertos y que, hasta la fecha, no han sido abordados con la urgencia e importancia que requiere.
Para los gendarmes, la construcción de un nuevo recinto penitenciario no resuelve la problemática actual de la institución, que requiere de medidas inmediatas y no a largo plazo. En lugar de centrar sus esfuerzos en resolver el problema de sobrepoblación o hacinamiento de la población común, las autoridades parecen estar más preocupadas por los internos que deben cumplir condenas o prisiones preventivas en recintos especiales.
Según datos proporcionados por la Gendarmería a principios de mes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la población penal total de Chile alcanza a 56.500 internos, con un 63% correspondiente a condenados y un 36% a imputados. Esta cifra supera con creces las 41.000 plazas dispuestas desde hace una década para recibir a los reos.
Las regiones más afectadas por la sobrepoblación penal son Valparaíso, Metropolitana, Atacama y O’Higgins. Para combatir esta crisis, la institución ha propuesto un plan de mejoras de habitabilidad y ampliaciones, implementación de redes contra incendios y normalización de conexiones eléctricas. También se realizarán reparaciones a recintos de Antofagasta y La Unión junto a ampliaciones en Valparaíso y restauración de celdas en Colina.
A pesar de estos esfuerzos, el hacinamiento sigue siendo un grave problema en los recintos penitenciarios, como lo demuestra la reciente visita de la jueza de turno Mariana Mileng Chiang a la cárcel de Calama. Según su informe, el Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Calama, con una capacidad para 300 internos, actualmente alberga a 700. Las condiciones de higiene en las celdas son inadecuadas, muchos internos duermen en el suelo, no tienen ropa de cambio y abrigo, y no cuentan con útiles de aseo.
La crisis carcelaria en Chile es un problema que necesita ser abordado con urgencia. Las medidas propuestas, como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, son vistas con escepticismo por los gendarmes y otros críticos, quienes argumentan que estas medidas no abordan el problema de fondo: el hacinamiento y la sobrepoblación en los recintos penitenciarios.
