El asesinato de tres carabineros en la madrugada del sábado en Cañete, en la Región del BioBío, ha causado un gran impacto e indignación en la sociedad chilena. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno interpondrá una querella por homicidio, con el fin de acreditar los hechos ante la justicia y poder aspirar a una pena de cadena perpetua calificada para los responsables.
La autoridad aseguró que apuntan a las penas más altas posibles para los culpables de este brutal crimen. La noticia llega en medio de un fuerte debate político y una serie de críticas desde la oposición por las acciones en torno a la seguridad.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida expresó su consternación por el asesinato, describiendo el hecho como premeditado y alevoso. Fuenzalida señaló al Gobierno del presidente Gabriel Boric como responsable, argumentando que el incidente demuestra la incapacidad del Gobierno para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo que se desata en distintos lugares del país.
Fuenzalida instó al presidente Boric a reestructurar su gabinete político y su gabinete en materia de seguridad, argumentando que quienes están a cargo de la seguridad no son adecuados para el cargo. Según Fuenzalida, Chile necesita paz y el presidente debe tomar liderazgo en este tema, ya que él debe gobernar para todos los chilenos, no solo para las barras bravas de su sector o para los niñitos asambleístas del Frente Amplio, del Partido Comunista.
Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay expresó su profundo pesar y dolor por el asesinato de los tres carabineros, y llamó a tomar medidas inmediatas para mejorar la seguridad en el país. Propuso aprobar y despachar lo antes posible los proyectos de ley de la agenda de seguridad, y pidió al gobierno declarar estado de sitio y combatir con toda la fuerza y los medios el terrorismo y el crimen organizado que está afectando al país.
Por su parte, el diputado Victor Pino insistió en que el Ejecutivo debe tomar medidas reales para combatir el terrorismo en la Macrozona Sur, ya que la renovación constante del estado de excepción no ha sido la solución que los habitantes esperan.
La diputada Nathalie Castillo, del Partido Comunista, reiteró su solidaridad con la institución de Carabineros y las familias afectadas por el crimen, y criticó a la oposición por buscar réditos políticos con la muerte de los funcionarios.
Carolina Tello, otra diputada, calificó la emboscada que terminó con la vida de los carabineros como terrible y cobarde, y enfatizó la necesidad de que todas las autoridades, incluido el Presidente de la República, estén desplegadas para combatir el delito. Tello también pidió una legislación rápida para proporcionar más y mejores herramientas para las fuerzas policiales.
Estos hechos ponen de manifiesto la creciente tensión y la necesidad urgente de soluciones efectivas para combatir el crimen y el terrorismo en Chile. Sin embargo, también reflejan la división política y la presión sobre el gobierno para tomar medidas decisivas y efectivas en materia de seguridad. A medida que el debate continúa, el país espera que se tomen medidas significativas y concretas para prevenir la repetición de tales hechos trágicos en el futuro.
