En un importante desarrollo en el ámbito político de Chile, el Servicio Electoral (Servel) ha emitido sanciones contra la Corporación Aprueba por Chile y la Fundación Democracia Viva por irregularidades durante las campañas del plebiscito de salida de 2022. Este plebiscito fue un histórico proceso en el que se buscó la aprobación de una nueva Constitución, propuesta por la disuelta Convención Constitucional.
Según un documento de 24 páginas al que La Tercera tuvo acceso, ambas entidades recibieron una multa de $1.979.010 (30 UTM) por incumplimiento de su deber de registrarse ante el Servel como comando. El documento de Servel refiere que, aunque no estaban oficialmente inscritas para ciertas funciones, las dos entidades coordinaron actividades que incluían distribución de publicidad, organización de eventos, recaudación de fondos y planificación de gastos de campaña. Esta coordinación viola las “Instrucciones sobre Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, Partidos Políticos y Parlamentarios Independientes para el Plebiscito Constitucional 2022″.
Además, la Corporación Aprueba por Chile recibió una multa adicional de $99.581.643 por haber excedido el límite de gasto electoral en $33.193.881. Según Servel, este exceso infringe la Resolución O. N° 457, que establece los límites máximos de gastos electorales permitidos según la Disposición Cuadragésima Segunda transitoria de la Constitución.
A pesar de que ambas entidades colaboraron y presentaron sus descargos, el Servel destacó que la gravedad de las infracciones y la magnitud del exceso pusieron en riesgo la equidad del proceso electoral. Esta situación descartó la posibilidad de que el hecho de no haber incurrido en infracciones previas pudiera actuar como factor atenuante.
Respecto a los excesos registrados, Servel afirmó que estos requerían «una respuesta sancionadora que tanto refleje la gravedad de la infracción como disuada futuros incumplimientos«, asegurando así el respeto a las normativas electorales. Siguiendo este principio de proporcionalidad, se impuso una multa que asciende a tres veces el monto del exceso, enfatizando la seriedad de la falta y su impacto adverso en la equidad del proceso electoral.
En medio de este proceso, se recabó el testimonio de Daniel Andrade, representante de Democracia Viva, y de Felipe Heusser, ex coordinador de la campaña del Apruebo. Sus declaraciones fueron determinantes para establecer que estas entidades operaban como un comando y, por ende, debían estar inscritas como tal.
Los testimonios de Andrade y Heusser fueron «concluyentes para establecer la existencia de una coordinación operativa entre la Fundación Democracia Viva y la Corporación Aprueba por Chile, que supera con creces una mera coordinación programática de ideas«. La información aportada por ellos, junto con los testimonios de los donantes que participaron en la campaña, proporcionaron un contexto detallado sobre la gestión y coordinación de las actividades de campaña, revelando una estructura operativa conjunta y altamente organizada.
Además, las conversaciones entre Heusser y Andrade, proporcionadas voluntariamente por este último, revelaron una estructura organizativa que trascendía la simple coordinación programática. Heusser emerge como la figura central que coordina y supervisa las actividades de Andrade y la Fundación Democracia Viva, asignando tareas específicas y asegurando su ejecución. Democracia Viva, bajo la responsabilidad de Andrade, se utilizó de manera instrumental para cumplir con objetivos específicos del conglomerado no registrado.
Asimismo, el Servel aclaró que no se juzga como ilícita la posibilidad de una coordinación programática de ideas entre la Fundación Democracia Viva y la Corporación Aprueba por Chile. Sin embargo, se cuestiona «la existencia de una estructura operativa que simule una actuación de gestión de campaña individual, cuando en realidad hay una dirección y control centralizados«.
En términos de los excesos registrados en los gastos, Servel aseguró que, según los informes de fiscalización y la rendición de gastos efectuada por las entidades en cuestión, la Corporación Aprueba por Chile declaró gastos electorales por un monto total de $132.407.704, mientras que la Fundación Democracia Viva registró gastos por $51.763.098. A pesar de que los fondos fueron canalizados a través de la Fundación Democracia Viva, las pruebas evidencian que la Corporación Aprueba por Chile tenía un control y gestión centralizada de estos recursos.
Las conversaciones entre Heusser y Andrade muestran que las decisiones sobre el uso y destino de los fondos eran tomadas por Heusser, quien coordinaba y supervisaba las actividades financieras y de campaña. Esto se refleja en las instrucciones precisas y detalladas de Heusser a Andrade sobre la gestión de cuentas y pagos a proveedores, indicando una clara centralización del control financiero.
Finalmente, se concluye que el límite permitido para cada entidad era de $150.976.921, pero que en suma, la corporación y la fundación sumaron un total de $184.170.802. Este monto supera el límite permitido, resultando en un exceso de gasto de $33.193.881. Según el Servel, las comunicaciones y la evidencia aportada muestran una coordinación centralizada y un manejo conjunto de los fondos, sugiriendo una intención deliberada de utilizar la Fundación Democracia Viva para eludir el límite de gasto electoral y así superar el tope sin registrarlo formalmente.
