El prestigioso tribunal de alzada, la Octava Sala, ha hecho un anuncio crucial sobre un caso que ha conmocionado a la sociedad chilena. El tribunal ha rechazado el recurso de nulidad interpuesto en el caso del oncólogo Manuel Alvarez, condenado a siete años de presidio efectivo por abusar sexualmente de pacientes terminales en la Clínica Las Condes.
El fallo, que fue unánime, descartó cualquier infracción en la tipificación penal que condenó al profesional. Alvarez fue condenado por aprovecharse de la vulnerabilidad de sus pacientes, todas las cuales eran mujeres que luchaban contra el cáncer. Este fallo es un importante avance en la lucha contra la violencia de género, y un recordatorio de que ningún individuo, independientemente de su posición o estatus profesional, está por encima de la ley.
Durante el juicio, se presentó evidencia de cómo Alvarez explotó la vulnerabilidad de sus pacientes, quienes estaban en un estado de salud que incrementaba su fragilidad. Además, ninguna de las víctimas contaba con una red de apoyo significativa. En este contexto, el tribunal señaló que no se podía esperar que las víctimas se comportaran como la «víctima ideal», en la medida en que dependían de Alvarez para su supervivencia.
La dependencia de las víctimas hacia Alvarez se acentuaba aún más por el hecho de que los tratamientos médicos implementados por el oncólogo resultaban efectivos. Las pacientes mejoraban y respondían a la terapia, lo que permitió que Alvarez adquiriera una importancia vital en sus vidas. Llegaron a depender tanto de él que le consultaban sobre cualquier asunto médico que pudiera afectarlas. La dependencia también se extendía a la necesidad de garantizar la continuidad de sus tratamientos.
El fallo del tribunal precisó que la situación de aprovechamiento que Alvarez renegaba quedaba claramente demostrada por la descripción factual de la situación y la influencia que el médico tenía sobre sus víctimas. Alvarez, en su posición de médico tratante, tenía un poder significativo sobre sus pacientes, y utilizó esa posición para su beneficio personal a costa de la vulnerabilidad de sus pacientes.
Este caso es un desafortunado recordatorio de la violencia de género que muchas mujeres enfrentan en diversas formas, incluyendo la violencia económica, psicológica, obstétrica, física y sexual. Las víctimas o testigos de este tipo de violencia pueden recibir orientación gratuita y confidencial a través del número 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). También se pueden comunicar al +569 9700 7000 o al Fono Denuncia Segura: 600 400 0101. Además, existen Centros de la Mujer en todo el país que ofrecen apoyo psicológico, social y legal a las víctimas de violencia de género.
Mientras el sistema de justicia chileno continúa luchando contra la violencia de género, este caso sirve como un llamado a la acción para todos los profesionales médicos y la sociedad en general. Es crucial que se respeten los derechos y la dignidad de todos los pacientes, y que se tomen medidas estrictas contra aquellos que se aprovechan de su posición de poder para explotar a los más vulnerables.
