El lunes pasado, un tribunal chileno sentenció a Luis Castillo, un hombre que fue indultado por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, a cuatro años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, y manejo bajo la influencia de estupefacientes. En un giro de acontecimientos, su pareja también fue condenada por los hechos ocurridos en Copiapó en diciembre del año pasado.
La audiencia fue dirigida por el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya González. Durante el proceso de investigación de este caso, surgieron nuevos antecedentes que permitieron determinar la participación de todos los involucrados, lo que llevó a la Fiscalía a reformular los delitos originalmente informados.
La Fiscalía confirmó que esta causa se desarrollaría con plena objetividad para establecer de manera certera lo ocurrido, la dinámica de los hechos y la participación de los detenidos. El objetivo era verificar los cargos que se comunicaron el día de la audiencia.
Luis Castillo fue indultado por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022. Sin embargo, los antecedentes de la carpeta investigativa expuestos en la audiencia de control de detención daban cuenta de ilícitos de robo y secuestro. Con la ejecución de las diligencias ordenadas por la Fiscalía, se obtuvieron nuevos antecedentes que permitieron acreditar el delito de robo con intimidación y violencia y el manejo bajo la influencia de estupefacientes, según informó el fiscal Coya.
El fiscal Coya añadió que en ese día se realizó un procedimiento abreviado en que Castillo Opazo aceptó los hechos. Por lo que, el imputado fue condenado a la pena efectiva de cárcel de 4 años y un día.
La misma pena fue impuesta a la coimputada, Camila Morales. Dada su irreprochable conducta anterior, se le impuso una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. En cuanto a las adolescentes que participaron en estos hechos, ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.
La sentencia a Castillo es un recordatorio de que el perdón presidencial no es una garantía de impunidad. A pesar de haber sido indultado por el presidente Boric, el sistema judicial chileno demostró su capacidad para hacer frente a la justicia y tomar decisiones objetivas basadas en los hechos presentados.
Esta sentencia también sirve como un recordatorio del trabajo crucial que realizan los fiscales y otros profesionales de la justicia, como el fiscal Coya y su equipo, para asegurar que todos los hechos sean considerados y que se haga justicia. La capacidad de la Fiscalía para adaptarse a nuevos antecedentes y reformular los cargos según sea necesario es un testimonio de la flexibilidad y la dedicación a la justicia que caracteriza al sistema judicial chileno.
A pesar del desenlace del caso de Castillo, es importante recordar que cada caso es único y debe ser considerado en su propio contexto. Si bien el indulto de Castillo puede haber sido controvertido, también es posible que haya casos en los que un indulto sea la decisión más justa y humana que se puede tomar.
En última instancia, la sentencia de Castillo subraya la importancia de la objetividad y la integridad en el sistema judicial, así como la necesidad de que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus o antecedentes, sean responsables de sus acciones. La justicia, como siempre, debe ser ciega.
