La concesión y personalidad jurídica de la radioemisora Radio Villa Francia ha sido puesta en duda por varias bancadas de diputados de Chile Vamos. Los diputados han instado al ministro de Justicia, Luis Cordero, y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a retirar ambos reconocimientos tras el reciente allanamiento en las instalaciones de la radio.
El allanamiento, llevado a cabo el sábado pasado por el OS9 de Carabineros, ha provocado una oleada de críticas y demandas por parte de los diputados, que exigen una acción decisiva tras el descubrimiento de armas en el edificio situado en Estación Central. Los diputados, liderados por los jefes de bancada de la coalición, Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), han emprendido acciones para poner fin a las operaciones de la emisora.
En el documento enviado al Ministro de Justicia, los diputados destacan que el operativo policial en Villa Francia reveló un arsenal de armas, un chaleco antibalas, marihuana y varios teléfonos celulares en las instalaciones de la radio. Por esto, exigen la revocación de la personalidad jurídica de la organización, argumentando que su existencia y operación en tales condiciones son inaceptables.
Simultáneamente, los diputados enviaron un oficio al Ministerio de Transportes, en el que exigen la revocación de la concesión de la radio. Apoyan su petición en la ley N° 20.433 que establece las condiciones para la titularidad de la concesión de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana. Según esta ley, solo las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que fomenten el interés general a través de objetivos cívicos, sociales, culturales, espirituales o de promoción de derechos constitucionales tienen derecho a poseer dicha concesión. Los diputados sostienen que los hallazgos durante el allanamiento indican que la concesión debe ser revocada.
La diputada Ossandón calificó la situación de la Radio Villa Francia como de «extrema gravedad», argumentando que la presencia de armas prohibidas y de alto calibre en las instalaciones es una violación inaceptable de la ley. Además, expresó su creencia de que la etiqueta de ‘luchadores sociales’ no exime a nadie del cumplimiento de la ley.
En el mismo sentido, el diputado de la UDI, Henry Leal, instó al gobierno a tomar medidas para resolver la situación, sugiriendo que la revocación de la concesión de la radio es un paso lógico en la lucha contra la crisis delictiva. Según él, es necesario enfrentar a estas organizaciones en todas las formas posibles, incluyendo la privación de espacios que utilizan para blanquear sus actividades ilícitas.
Guzmán también expresó su preocupación por la situación, enfatizando que es inaceptable que una organización utilice su estatus legal para operar fuera del estado de derecho y promover la violencia como método de acción política. Según él, la tenencia y almacenamiento de un arsenal de armas por parte de un medio de comunicación no pueden ser justificadas.
