El cierre de la prisión de Punta Peuco ha sido una constante en las demandas de los diputados oficialistas en Chile. Recientemente, miembros del Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), y Acción Humanista (AH) anunciaron que enviarán una carta al presidente Gabriel Boric para solicitar el reconsiderar el uso del establecimiento penitenciario.
El penal de Punta Peuco, ubicado en la región metropolitana de Chile, fue inaugurado en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la finalidad de albergar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente, la cárcel sigue siendo motivo de controversia, ya que para muchos simboliza la impunidad de los crímenes del pasado.
En este contexto, los diputados Juan Santana (PS), Lorena Pizarro (PC), Alejandra Placencia (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Jaime Naranjo (PS), Luis Cuello (PC), Tomas Hirsch (AH), y Daniela Serrano (PC) han decidido tomar medidas para solicitar el cierre de Punta Peuco. Estos parlamentarios, representantes de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas del país, han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al mantenimiento de este recinto penitenciario.
La insistencia en el cierre de Punta Peuco no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio de memoria histórica y justicia transicional en Chile. Este proceso busca reconocer y reparar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, a través de diversas iniciativas como la creación de Comisiones de la Verdad, la realización de juicios y condenas a los responsables, y el establecimiento de políticas de reparación a las víctimas.
El cierre de Punta Peuco también se ha convertido en un tema recurrente en las elecciones presidenciales chilenas. Durante la campaña electoral, el ahora presidente Gabriel Boric se comprometió a cerrar el penal si resultaba electo, una promesa que hasta el momento no ha cumplido. Esta situación ha generado críticas y presiones por parte de los sectores de izquierda y de los defensores de los derechos humanos, quienes ven en el cierre de Punta Peuco una medida necesaria para avanzar en la reconciliación del país.
El debate en torno a Punta Peuco también ha generado reacciones en el sector de las Fuerzas Armadas y entre los defensores de los condenados que se encuentran en el penal. Estos grupos sostienen que los presos de Punta Peuco son ancianos que ya han cumplido gran parte de sus condenas y que, por tanto, deberían recibir beneficios penitenciarios como la libertad condicional.
La carta que los diputados oficialistas planean enviar al presidente Boric representa, por tanto, un nuevo capítulo en la larga discusión sobre la permanencia de Punta Peuco. Este gesto refleja la persistencia de las demandas de justicia y memoria histórica en Chile, y la necesidad de abordar la problemática de Punta Peuco en el marco de una política más amplia de derechos humanos.
