El ministro de Justicia, Luis Cordero, recientemente recibió una propuesta del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, que tiene como objetivo reformar el sistema de nombramiento de jueces en el país. Esta propuesta se presenta en un momento en que se busca mejorar el actual sistema de nombramiento de jueces, notarios y conservadores.
El ministro Cordero ha elogiado esta iniciativa del Poder Judicial, insistiendo en que este tipo de medidas permitirá una mejora significativa en el sistema actual. En particular, se espera que estas reformas beneficien a los jueces y juezas del país, así como a los notarios y conservadores.
La propuesta del máximo tribunal esencialmente pide la modificación del sistema de nombramientos. No obstante, también enfatiza la importancia de mantener la participación de los tres Poderes del Estado en la designación de los cargos de ministros y fiscal de la Corte Suprema. Asimismo, el documento propone excluir, a la brevedad posible, cualquier injerencia del sistema judicial en el proceso de designación de notarios, conservadores y archiveros.
El documento propuesto por la Corte Suprema establece siete bases fundamentales para la modificación del sistema de nombramiento de jueces. Entre las más destacadas se encuentran la creación de un órgano autónomo a cargo de las funciones no jurisdiccionales. Esta institución tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, y estaría dotada de autonomía constitucional.
La propuesta también aboga por la desconcentración funcional y territorial del gobierno judicial. Esto implicaría que las diversas funciones de gobierno se alojen en más de un órgano para evitar una concentración de atribuciones. Específicamente, se propone la creación de tres Consejos o Unidades macrozonales que se encarguen de las funciones de nombramiento en sus respectivos territorios. Estos Consejos o Unidades estarían ubicados en la zona norte, centro y sur del país, y ejercerían sus atribuciones de manera coordinada entre ellos y con el Consejo o instancia Nacional.
En lo que respecta a los nombramientos, la propuesta sostiene que los ministros, ministras y fiscal judicial de la Corte Suprema deben ser nombrados con la participación de los tres Poderes del Estado.
En relación con los notarios, conservadores y archiveros, el documento expresa la convicción de que deben ser suprimidos de la órbita de la administración de justicia. En consecuencia, se debería excluir cualquier participación del órgano de gobierno judicial en lo que se refiere a estos funcionarios.
La propuesta de reforma del sistema de nombramiento de jueces representa un paso significativo hacia la mejora del sistema judicial del país. No solo busca garantizar la participación de los tres Poderes del Estado en la designación de los cargos clave de la Corte Suprema, sino que también propone medidas para evitar la concentración de atribuciones en un solo órgano de gobierno judicial. Además, la exclusión de los notarios, conservadores y archiveros de la administración de justicia es un cambio crucial que se espera que tenga un impacto positivo en el funcionamiento del sistema judicial.
