El control de las fronteras en Europa ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, pasando de la construcción de muros y vallas físicas a un enfoque más tecnológico. En 2021, la Unión Europea (UE) emitió una directriz rechazando el uso de fondos comunitarios para la construcción de muros o vallas, argumentando que no es la estrategia más eficiente. Desde entonces, varios países, especialmente en el sur y este de Europa, han adoptado tecnologías avanzadas para el control fronterizo, incluyendo cámaras térmicas, sistemas de rayos X e inteligencia artificial.
Sin embargo, existe una creciente preocupación por las implicaciones que estas medidas pueden tener para los derechos de los migrantes y refugiados. Un informe reciente publicado por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados y la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados, con sede en Bruselas, sostiene que estas herramientas, destinadas a frenar la inmigración irregular y a contrarrestar la amenaza rusa, podrían poner en peligro los derechos de los migrantes y refugiados.
El estudio analiza cómo los Estados miembros utilizan los casi 4.000 millones de euros del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras de la UE para el período 2021-2027. La mayoría de los países usan sus asignaciones para renovar la infraestructura de los pasos fronterizos y modernizar sus sistemas de vigilancia.
Las mayores inversiones provienen de los países del este y los bálticos, motivados por la amenaza rusa. Estonia, por ejemplo, planea gastar dos millones de euros en «innovadores sistemas de teledetección». Lituania y Polonia invertirán 138 millones de euros para reforzar los sistemas de monitoreo en la frontera con Bielorrusia, que ha representado una amenaza para sus vecinos desde 2021, cuando comenzó la crisis migratoria orquestada por el régimen de Minsk.
Chiara Catelli, autora del estudio, afirma que “Hemos visto en los últimos años que la Comisión Europea y los países que comparten frontera con Ucrania y Rusia han fortalecido sus controles. Sin embargo, el acontecimiento que más promueve el gasto de estos países es la tensión en la frontera con Bielorrusia”.
En el Mediterráneo, los países que más utilizan este fondo son Grecia, España e Italia, que reciben más de 1.700 millones de euros. Grecia, por ejemplo, dispone de unos 1.000 millones de euros que destina a proyectos que mejoran sus herramientas de inteligencia artificial.
La creciente adopción de la inteligencia artificial en los controles fronterizos ha despertado preocupaciones sobre el impacto que puede tener en los derechos de los migrantes. Catelli señala que, aunque se están desarrollando muchas herramientas diferentes, no se ven suficientes salvaguardas.
El informe también destaca el caso de Malta, que, a pesar de su ubicación estratégica para las operaciones de rescate en el Mediterráneo, no asigna ningún gasto en equipos marítimos, sino solo en equipos de vigilancia aérea.
Por otro lado, el estudio señala a España como uno de los Estados miembros que más invierte en cooperación con terceros países. Este enfoque se centra en el despliegue de agentes y vehículos en zonas de donde más migrantes emprenden su viaje a Europa.
El informe concluye que, de los casi 4.000 millones de euros que proporciona la UE a los Estados, sólo el 0,04% se destina a iniciativas diseñadas para aumentar el apoyo y la asistencia a las personas vulnerables y a las personas que desean solicitar protección internacional.
Por último, a pesar de los esfuerzos de los países para modernizar sus controles fronterizos, las personas siguen llegando a Europa de manera irregular a un ritmo acelerado. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en 2023 el número de llegadas irregulares alcanzó los 380.000, el nivel más alto desde 2016 y un 17% más que en 2022.
