En una reciente y sorprendente declaración, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Fredy Otárola, expresó su indignación ante la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La medida cautelar impuesta por esta entidad, según Adrianzén, está desprovista de precedentes y resulta ser una intervención impropia en la soberanía de un estado miembro independiente.
El descontento de Otárola se debe a una medida cautelar impuesta por la CIDH en contra de un proyecto de ley que aún no ha sido promulgado. La Corte ha tomado esta decisión a pesar de que no existe un precedente en su jurisprudencia para tal acción. «Es la primera vez que la Corte decide de esta manera tan insólita y sin que exista un precedente en su historia», explicó el Ministro.
La medida cautelar a la que hace referencia Otárola es una herramienta legal que la CIDH puede utilizar para garantizar el respeto a los derechos humanos. A través de esta medida, la Corte puede solicitar a un estado que tome acciones específicas para prevenir daños irreparables a personas en situaciones de riesgo extremo.
No obstante, el Ministro considera que esta medida cautelar es una intromisión a la independencia y soberanía de un estado miembro. Según Otárola, es «intolerable» que la CIDH llame a los tres poderes de un estado, en este caso, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas.
El proyecto de ley al que se refiere la medida cautelar aún no ha sido promulgado, lo que añade una capa adicional de controversia a la situación. «Es una ley en proyecto, no se ha convertido en ley», enfatizó Otárola.
El Ministro también expresó su preocupación por el hecho de que la CIDH haya emitido esta medida sin previa consulta o notificación al gobierno peruano. «La Corte debería haber consultado con nosotros antes de tomar una decisión de esta magnitud», señaló.
El crux de este asunto radica en el equilibrio entre los derechos humanos y la soberanía de los estados. Mientras que la CIDH tiene como objetivo principal la protección de los derechos humanos en las Américas, también debe respetar la independencia y la autonomía de los estados miembros.
La jurisprudencia de la CIDH, o la interpretación y aplicación de la ley por la Corte, es otro aspecto clave en este debate. Otárola sostiene que no existe un precedente en la jurisprudencia de la Corte para la emisión de una medida cautelar contra un proyecto de ley.
Aunque la CIDH tiene amplios poderes para intervenir en asuntos relacionados con los derechos humanos, también se espera que respete los principios de no intervención y respeto a la soberanía de los estados miembros.
El tema de la soberanía es un concepto central en el derecho internacional y se refiere a la capacidad de un estado para gobernar y tomar decisiones dentro de su territorio sin la interferencia de otros estados o entidades internacionales.
En contraposición, la independencia de un estado se refiere a su capacidad para actuar en el ámbito internacional sin la interferencia de otros estados. Según Otárola, la medida cautelar de la CIDH es una infracción a ambos principios.
El Consejo de Ministros de Perú, que es el órgano ejecutivo del gobierno, ha respaldado las declaraciones del Ministro. La sesión concluyó con un llamado a la CIDH para que respete la soberanía e independencia de los estados miembros.
La Constitución de Perú, como la de muchos otros países, establece las funciones y atribuciones de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Según Otárola, la medida cautelar de la CIDH está impidiendo que estos tres poderes ejerzan sus funciones constitucionales.
La reacción de Otárola y el Consejo de Ministros pone de manifiesto las tensiones existentes entre la protección de los derechos humanos y el respeto a la soberanía e independencia de los estados. Este debate está lejos de ser resuelto y seguirá siendo un tema central en las relaciones internacionales en las Américas.
