El reciente y polémico fallo del Tribunal Supremo de EEUU que otorga inmunidad total al Presidente por sus «actos oficiales» ya está teniendo repercusiones prácticas. Una de las más notables es la decisión del tribunal de la ciudad de Nueva York de retrasar la sentencia de Donald Trump en el caso de los pagos a una actriz porno y las mentiras asociadas a la investigación. La sentencia, que iba a ser anunciada en breve, se ha aplazado hasta el 18 de septiembre. Este caso transformó a Trump en el primer ex presidente penalmente castigado y el primer candidato con antecedentes en unas elecciones.
Los abogados de Trump, que están representando al multimillonario en este caso, hicieron la solicitud de aplazamiento de la sentencia poco después de conocer el fallo del Supremo. De acuerdo con The New York Times, la Fiscalía de Nueva York no se opuso a la petición. Aunque la Fiscalía considera que los argumentos de la defensa son infundados, no se oponen a su solicitud de autorización para presentar una moción y aplazar la sentencia mientras se determina la moción.
El juez Juan M. Merchan ahora tiene en sus manos la decisión sobre la sentencia. Las consecuencias de la inmunidad son enormes y evidentes para el futuro, especialmente para los muchos casos abiertos que tiene Trump. Entre los más notables se encuentran los cuatro cargos que el fiscal especial Jake Smith ha preparado por conspiración y obstrucción en sus intentos de aferrarse al poder y no conceder la derrota en las elecciones de 2020.
En mayo, Trump fue condenado por falsedad documental, engaños contables y otras maniobras para ocultar en los registros de sus empresas el pago a Stormy Daniels, una actriz porno con la que había mantenido relaciones sexuales, a cambio de su silencio. Hasta 34 cargos diferentes sobre ingresos, cheques y en los libros de las empresas en los últimos compases de las elecciones de 2016, para que el escándalo no afectara a sus posibilidades. Aunque el acuerdo de 130.000 dólares a través de un intermediario de confianza fue definido como soborno por la fiscalía, no es ilegal. Lo que sí es ilegal son las maniobras mucho después para que no quedara rastro, cuando no era presidente.
La inesperada decisión del Tribunal Supremo tiene una derivada aún más profunda que la mera inmunidad por sus acciones oficiales en la Casa Blanca. Según la argumentación jurídica, que es válida para todos los tribunales del país, la Fiscalía no sólo no pueden procesar a un presidente por determinadas decisiones, sino que tampoco puede usar y remitirse a pruebas, evidencias, conversaciones, etc., que involucren actos oficiales para respaldar otras acusaciones. Y esto sí que es posible que sea el caso en lo que afecta al encubrimiento del pago a la actriz.
El sistema legal norteamericano se sostiene en muchas ocasiones en ese tipo de vínculos, y si cae una parte o las pruebas fueron obtenidas de forma irregular, cae la totalidad de la acusación. Este fallo del Supremo puede tener un impacto significativo en la forma en que se manejan los casos contra los presidentes en el futuro, y cómo se interpretan sus acciones mientras están en el cargo. Aunque la decisión ha sido controvertida, sus efectos ya se están sintiendo en los casos en curso.
