En un movimiento audaz y a la vez polémico, el presidente argentino Javier Milei avanza rápidamente en su objetivo de reducir el tamaño del Estado. Según datos disponibles, entre diciembre y mayo, unos 25.200 empleados dejaron de trabajar para la administración nacional y empresas y organismos públicos. Esta cifra ya se acerca a los 30.000 con la nueva ola de despidos ejecutada en los últimos días.
El sindicato de trabajadores estatales ATE ha contabilizado la no renovación de 2.300 contratos hasta el 30 de junio, pero estima que la cifra total puede llegar a los 5.000. El Gobierno ha aplaudido los despidos en algunas áreas que considera innecesarias; sin embargo, desde los sindicatos, se interpreta este movimiento como una estrategia para desmantelar importantes políticas públicas debido a la falta de personal y a la subejecución presupuestaria.
Se ha informado que la mayoría de los ministerios se han visto afectados, pero el recorte más drástico ha sido en la ex cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad. “Del total de 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado”, confirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni. “240 empleados fueron eliminados en la primera etapa [31 de marzo] y 685 en la segunda etapa. Bajo esta Administración no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, subrayó.
Pero estas reducciones en personal han tenido un impacto directo en las políticas de género. Algunas han sido completamente detenidas, mientras que otros programas han sido reducidos al mínimo. Entre estos últimos está la línea telefónica 144 de asistencia a víctimas de violencia de género, que funciona las 24 horas durante los siete días de la semana, o el programa Acompañar, que ofrecía una ayuda económica para que las mujeres sin recursos pudieran abandonar la vivienda que compartían con el maltratador y/o abusador.
Varias organizaciones civiles han denunciado al Poder Ejecutivo ante la justicia por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de género y exigen una medida cautelar que deje en suspenso los despidos.
Las áreas de derechos humanos, desarrollo social y salud están también entre aquellas con mayor número de despidos. “El Gobierno realiza despidos masivos que suponen un ataque directo a políticas de atención a la población más vulnerable en un momento en el que ha crecido la pobreza y la indigencia”, critica Ingrid Manfred, secretaria general de ATE en desarrollo social.
Los despidos realizados por el Gobierno de Milei han revelado las condiciones laborales precarias de la Administración nacional argentina. De sus cerca de 230.000 trabajadores, casi un tercio tenía contratos anuales, que pasaron a ser trimestrales cuando el mandatario ultra llegó al poder.
El discurso oficial es que el personal despedido cumplía tareas redundantes, prescindibles o que incumplía sus obligaciones laborales. Los empleados estatales, por el contrario, advierten que en muchos casos cumplen un rol que no puede asumir el sector privado.
El estado de la salud pública argentina era delicado, pero en los últimos seis meses empeoró aún más por la caída generalizada de sueldos y por la reducción de recursos. Entre los 86 trabajadores despedidos el 30 de junio del hospital Posadas, centro médico de referencia de la provincia de Buenos Aires, hay endocrinólogos, biólogos moleculares, encargados de detectar leucemia, nefrólogos y emergentólogos, según Luis Sucher, delegado de CICOP en el Posadas.
Pocas áreas han escapado de la poda y ni siquiera es un salvavidas integrar la planta estable del Estado. La psicóloga Daniela Gasparini denunció a través de las redes sociales que fue “despedida por discriminación política” después de 13 años de trabajo ininterrumpido contra la trata de personas en el Programa nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata” dependiente del Ministerio de Justicia.
Los despidos se extienden a casi todas las empresas y organismos públicos del Estado, que rondan el centenar. Milei ordenó en febrero el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el mes siguiente el cierre de la agencia de noticias Télam, donde trabajaban 700 personas. Han seguido el mismo camino el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que sumaban 900 trabajadoras. En esta última ronda de despidos el más afectado fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que perdió de un plumazo a más de 200 empleados.
