La última medida del gobierno chileno ha generado una conmoción social y un intenso debate político, debido a su propuesta de triplicar la cobertura del subsidio eléctrico. El senador Juan Luis Castro ha reconocido el valor de esta medida para comenzar a descomprimir la crisis en la tarifa eléctrica, mientras que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha argumentado que el subsidio propuesto es insuficiente. Mientras tanto, algunos legisladores han recurrido a la justicia para detener el cobro de la luz con las nuevas tarifas, y otros están considerando derogar la Ley de Estabilización Tarifaria.
La preocupación por el alza en las cuentas de luz, que oscila entre un 20 y un 40 por ciento, ha llevado al Gobierno a presentar un proyecto para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. Este proyecto tiene como objetivo beneficiar al 40% más pobre de la población, según lo anunciado por el ministro de Energía, Diego Pardow. Espera que la reforma a la manera en que se compra energía a los pequeños medios de generación distribuida permita disminuir y paliar, al menos en parte, el alza de las cuentas de luz.
El subsidio se financiará a través de tres métodos: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público que se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos, y un mayor aporte fiscal vía la mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según lo indicado por el ministro de Energía, espera que esta reforma permita una disminución de cerca del 7% en las tarifas eléctricas a contar del próximo año.
A pesar de la propuesta del Gobierno, varios alcaldes y legisladores han argumentado que las medidas son insuficientes y que es necesario aumentar la ayuda a más hogares. Algunos incluso han sugerido postergar el alza de precios, cuestionando la actuación del Ministerio de Energía y la posibilidad de evitar cargar al bolsillo de las familias chilenas la congelación de precios de la luz.
El legislador Marcos Ilabaca ha señalado que las medidas del Gobierno son importantes, pero insuficientes. Ha subrayado la necesidad de una reforma integral, especialmente en los contratos antiguos que tienen costos desactualizados de energía. Según Ilabaca, sin una reforma de este tipo, no se podrán hacer avances significativos hacia una energía más económica.
En este contexto, se han presentado al menos una treintena de compañías eléctricas a las que se les deben 6 mil millones de dólares debido a la congelación de precios desde 2019, sin que existan señales de que estén dispuestas a hacer alguna propuesta que ayude a las personas que enfrentan el alza en los precios de la luz.
Algunos legisladores han decidido recurrir a la justicia para detener el cobro de la luz con las nuevas tarifas y el alza para pagar la deuda a consorcios. La diputada Camila Musante ha expresado su preocupación por las familias que no podrán pagar la cuenta de la luz y que, por lo tanto, podrían enfrentar cortes de luz.
En vista de la gravedad de la situación, algunos diputados han propuesto derogar la Ley de Estabilización Tarifaria del servicio eléctrico para frenar la subida de precios que rige desde este mes. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, ha planteado que desde el Ministerio de Energía no se entregó toda la información necesaria y hoy se informa de oficios sin responder que enviaron a esa dependencia algunos legisladores.
A pesar de los debates, los cálculos extraoficiales indican que en un hogar donde el ingreso va de 400 a 600 mil pesos, el alza en la cuenta de la luz significará un duro golpe para el bolsillo. Según el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, las empresas privadas acusan que se les debe más de 6 mil millones de dólares y han propuesto un programa de pago a través del alza en las tarifas eléctricas.
Finalmente, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha señalado que el Gobierno es consciente del costo que esto supone para las familias, y que está dispuesto a buscar soluciones dentro del marco de lo posible, lo más rápido posible.
