La reciente sentencia del Tribunal Supremo que otorga una amplia inmunidad a Donald Trump por sus actos como presidente ha dejado una marca indeleble en el régimen jurídico aplicable al inquilino de la Casa Blanca. Esta decisión, tomada por la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, exime de responsabilidad al presidente en el ejercicio de su autoridad constitucional y le declara presuntamente inmune en todos los actos oficiales. De acuerdo con las tres juezas progresistas del Supremo, esto abre la puerta a “escenarios de pesadilla” en los que un presidente podría ser declarado inmune incluso por el asesinato de rivales políticos, la aceptación de sobornos y hasta por dar un golpe de Estado. En vista de esta polémica sentencia, el presidente se ha convertido en un “rey por encima de la ley”, lo que ha llevado a las juezas a expresar su “miedo por la democracia”.
El principal voto particular discordante está redactado por la jueza Sonia Sotomayor, y fue secundado por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En el voto particular, las juezas argumentan que: “El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Cuando utiliza sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de la persecución penal”.
Las juezas progresistas han pintado un cuadro inquietante de inmunidad presidencial, planteando varias hipótesis alarmantes: “¿Ordena al Equipo Seal 6 [fuerzas especiales] de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune. Dejemos que el presidente viole la ley, dejémosle explotar las trampas de su cargo para beneficio personal, dejémosle usar su poder oficial para fines malvados. Porque si supiera que algún día puede enfrentarse a la responsabilidad por violar la ley, no sería tan audaz y valiente como nos gustaría que fuera. Este es el mensaje de la mayoría hoy”.
Las juezas también critican otro aspecto de la sentencia que también sirve para blindar a Donald Trump y hacer más difícil su persecución por los presuntos delitos que cometió para alterar los resultados de las elecciones de 2020. La sentencia declara que las pruebas relativas a los actos por los que el presidente es inmune no pueden desempeñar ningún papel en ningún proceso penal contra él.
La decisión de la mayoría, escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostiene que “el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”.
La sentencia llega en un momento en que Donald Trump aspira a ser elegido para un segundo mandato en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Si a eso se suma su victoria en el debate de la semana pasada en Atlanta y las dudas que ha sembrado entre los demócratas sobre la capacidad de Joe Biden para hacer frente a un segundo mandato, las probabilidades de que Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca son altas. Ahora, lo haría con esa especie de blindaje concedido por los jueces, incluidos los tres a los que él mismo nombró.
“Acaban de entregar a Donald Trump las llaves de una dictadura”, ha dicho en una llamada con periodistas el director adjunto principal de la campaña de Biden, Quentin Fulks. “El Tribunal Supremo le acaba de dar a Trump un permiso para asesinar y encarcelar a quien quiera para conseguir el poder”, ha añadido.
