La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido un importante precedente en la interpretación de la ley en relación con la inmunidad presidencial. En un fallo revolucionario y altamente controvertido, el tribunal ha dictaminado que los presidentes de Estados Unidos gozan de inmunidad absoluta frente a cargos penales por sus actos oficiales en el cargo, pero no ante actos no oficiales. Este fallo revolucionario ha surgido en respuesta al caso de Donald Trump, el ex presidente que fue acusado por un fiscal especial de hasta cuatro delitos de conspiración para no aceptar el resultado de las elecciones de noviembre de 2020.
La decisión del Tribunal Supremo es un avance significativo en la interpretación de la ley y se considera una victoria importante para Trump y para el Partido Republicano. Sin embargo, también es un cambio importante en la forma en que se entienden los pesos y contrapesos en el sistema político estadounidense. La decisión ha generado mucha controversia y ha enfurecido a las tres juezas progresistas del tribunal, quienes han expresado su preocupación por el «daño a las instituciones» y por la sustitución del «imperio de la ley» por el «imperio de los jueces».
La interpretación del Tribunal Supremo es lo suficientemente abierta como para que el juicio al ex presidente no vaya a producirse antes de las elecciones de noviembre. La corte ha pasado la pelota de vuelta a una instancia inferior para que dicte qué es cada cosa en este caso concreto, pero con un corsé muy limitado que favorece claramente las aspiraciones de Trump.
La decisión inicial es que Trump, y cualquier otro presidente, tienen inmunidad ante algunas de sus decisiones, pero no todas. Y deben ser examinadas una a una. Pero los expertos jurídicos, en sus primeros análisis, ven un giro tan radical que se puede transformar en algo muy parecido a una carta blanca para quien ocupe la Casa Blanca. Esto tiene implicaciones significativas para la independencia del Departamento de Justicia y para las posibles investigaciones por obstrucción.
La sentencia argumenta que la Constitución no aísla a los presidentes de la responsabilidad penal final por actos oficiales, pero sí les da un escudo. «El presidente no disfruta de ninguna inmunidad por sus actos extraoficiales, y no todo lo que hace un presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero bajo nuestro sistema de poderes separados, el presidente no podrá ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho al menos a la presunción de inmunidad positiva contra el procesamiento por sus actos oficiales. Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval», argumenta el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Sin embargo, las jueces progresistas, Kagan, Sotomayor y Jackson, han expresado su desacuerdo con la decisión. En su disensión, la juez Sotomayor afirma que «el presidente es ahora un rey por encima de la ley». Las jueces progresistas creen que Trump ha logrado no sólo toda la inmunidad que pedía, sino incluso algo más.
La decisión del Tribunal Supremo no tiene que ver únicamente con los hechos del 6 de enero de 2021, con el ataque al Capitolio. Sino que llega por toda la serie de movimientos, instigaciones e interferencias para no aceptar el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, que Trump y una parte notable del Partido Republicano han considerado siempre amañadas.
Trump no es sólo el primer presidente de la historia de EEUU en haber sido condenado, con 34 cargos en contra, sino que también sería el único en llegar al recuento con otro caso penal de enorme gravedad sobre la mesa. Smith acusó a Trump de cuatro delitos, incluyendo el de conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, por sus maniobras a todos los niveles para mantenerse en el poder después de su derrota.
En respuesta a las acusaciones, Trump se declaró inocente y argumentó que no habían sido acciones de un candidato, sino medidas de un presidente para garantizar la integridad del proceso. Y por eso que toda acción, independientemente de su legalidad, está cubierta por la inmunidad.
El debate sobre los límites legales de una decisión ejecutiva ha sido un tema recurrente en las últimas décadas. Sin embargo, esta vez el debate es totalmente interno y se centra en las acciones de un presidente en el desempeño de sus funciones oficiales.
