La Herradura, un conocido paseo peatonal y mirador en Coquimbo, fue testigo de un evento que marcó el final de una larga disputa legal. Ayer, una galería de arte y un food truck fueron desmantelados, poniendo fin a un conflicto que se prolongó durante años. La medida se tomó en cumplimiento de una orden judicial de la Corte Suprema, que no se había materializado debido a múltiples requerimientos legales.
La historia de este conflicto se remonta a años atrás, cuando un grupo de personas comenzó a realizar actividades culturales en el lugar, ganando progresivamente más espacio. Paola Rojas, la última ocupante del lugar, fue quien presenció la demolición. En 2012, el concejo municipal de la época otorgó a estas personas 65 metros cuadrados a través de un programa de la CORFO.
Con el tiempo, se construyó la llamada «Galería de Arte Mirador», que, según los tribunales, no contaba con autorización para funcionar ni permiso de construcción. A pesar de ello, se continuaron realizando actividades culturales y exposiciones artísticas, legitimando la existencia del recinto. Sin embargo, los vecinos comenzaron a protestar y se iniciaron acciones para investigar las condiciones de la dependencia, con el objetivo de que fuera retirada.
Paola Rojas, quien lideraba las actividades culturales del lugar, inició acciones legales en defensa, pero fue perdiendo paulatinamente. Finalmente, en 2014, la Corte Suprema falló en su contra y ordenó la demolición del recinto y su desalojo.
Tras el fallo judicial de 2014, se realizaron diversas acciones que ralentizaron el cumplimiento de la orden. En 2017, Paola Rojas y otros fundaron la Corporación Cultural Costa Mirador Herradura y el espacio continuó funcionando a pesar de la orden de demolición.
La historia llegó a su fin ayer con la demolición de las instalaciones. Paola Rojas intentó evitar la medida, insistiendo en que no correspondía. Según Rojas, se había reunido con el seremi de Bienes Nacionales, Marcelo Salazar, quien supuestamente tenía en sus manos la carpeta para tramitar la regularización del recinto. Sin embargo, Salazar negó rápidamente estos dichos, aclarando que el espacio es un inmueble fiscal y no puede ser regularizado.
Por su parte, el abogado Víctor Donoso, representante de la dirección jurídica de la municipalidad de Coquimbo, afirmó que cumplieron con el mandato de la comunidad, que ha hecho denuncias reiteradas sobre la ocupación del espacio. Según Donoso, ninguna persona puede construir, edificar o modificar sin las disposiciones administrativas requeridas por la Ley de Urbanismo y Construcción, lo que se había ignorado en este caso.
Los habitantes de La Herradura apoyaron la medida, alegando que llevan años reclamando por lo que consideran una usurpación. María del Carmen Obregón, una de las vecinas, se mostró satisfecha con la medida, subrayando que la ley debe ser igual para todos. «Si yo construyo algo tengo que tener los permisos, nada más que eso», dijo.
