El asalto al Capitolio que tuvo lugar en enero de 2021 ha estado envuelto en una gran controversia desde el momento en que ocurrió. Cientos de personas que participaron en el asalto han sido imputadas por obstruir, influir o impedir de forma corrupta un procedimiento oficial. El procedimiento oficial que fue interrumpido fue la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
El expresidente Donald Trump ha estado en el centro de esta controversia, ya que está imputado por el mismo delito en el caso penal de Washington por sus propios intentos de revertir el resultado electoral. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en el caso Fischer contra Estados Unidos que desautoriza la aplicación de la norma en casos como este. Tras el debate del jueves en Atlanta, esta sentencia se ha convertido en un nuevo triunfo para Trump.
El Tribunal Supremo ha declarado que «Para probar una violación del [artículo en cuestión] el Gobierno debe establecer que el acusado perjudicó la disponibilidad o integridad para su uso en un procedimiento oficial de registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial, o intentó hacerlo». Esta declaración fue aprobada por seis votos a tres, sin alinearse completamente por ideología.
La sentencia del Tribunal Supremo se ha producido a raíz de un recurso de Joseph Fischer, un imputado por participar en el asalto al Capitolio por varios cargos. Sin embargo, su doctrina se extiende a todos los imputados y condenados por el mismo tipo penal por la revuelta para impedir la certificación de la victoria de Biden.
Durante la vista oral del caso, los jueces conservadores cuestionaron que un artículo que se redactó dentro de una ley prevista para castigar la destrucción de pruebas en delitos financieros se pudiera aplicar a lo que ellos llamaron «protestas» políticas. Los jueces señalaron que abrir esa puerta suponía conceder patente de corso a la Fiscalía para perseguir las protestas que considerase. Algunos dieron a entender que esa norma nunca se había aplicado con ese sentido.
La sentencia del Tribunal Supremo dice que «La teoría del Gobierno también criminalizaría una amplia franja de conductas prosaicas, exponiendo a activistas y grupos de presión a décadas de prisión». Añade que «La interpretación del Gobierno daría a los fiscales amplia discreción para buscar una sentencia máxima de 20 años por actos que el Congreso consideró oportuno castigar con penas mucho más cortas».
Es importante señalar que Trump no participó directamente en el asalto al Capitolio. Sus intentos de obstruir el procedimiento oficial de proclamación del triunfo de Biden en las elecciones se realizaron por otras vías. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo puede liberarle de dos de los cuatro delitos por los que está acusado en el caso de Washington por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020.
Los cuatro delitos de los que está acusado Trump en el caso de Washington son: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. El segundo y el tercer delito se corresponden con la figura penal analizada por el Tribunal Supremo, y su decisión complica mucho que prosperen esas dos acusaciones contra Trump.
El delito en cuestión está contemplado en el código penal estadounidense en el artículo 1512 del US Code 18. Sin embargo, el titular de esa disposición es: «Interferencia sobre un testigo, una víctima o un informante». Ese artículo se aprobó como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, dirigida a perseguir delitos de cuello blanco. En el original en inglés, además, hay varias palabras que dejan margen de interpretación y el Tribunal Supremo se centra en que ese «de otro modo» no puede interpretarse de forma extensiva.
La sentencia del caso Fischer afectará a decenas de condenados por el asalto al Capitolio. Al menos 353 acusados han sido imputados por obstruir, influir o impedir de forma corrupta un procedimiento oficial, o por intentarlo, según un recuento reciente del Departamento de Justicia. Es una de las figuras penales más utilizadas para perseguir a los que asaltaron el Capitolio.
