El 11 de agosto de 2021, se firmó un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Recoleta y la Municipalidad de Estación Central. Este evento ha sido identificado como el inicio de un presunto hecho de corrupción, según la denuncia del exconcejal de la comuna del norte de la capital, Mauricio Smok (UDI). Smok es querellante en el caso de las Farmacias Populares, donde también señala al alcalde Daniel Jadue (PC).
La denuncia fue dada a conocer por Smok, a través de su abogado Cristián Espejo, a la fiscal Giovanna Herrera. La denuncia se ingresará en la misma causa en la que se investiga a Jadue por presuntos hechos de corrupción mientras dirigía la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Aunque este caso no guarda relación con las farmacias populares, en opinión de Smok, sí responde al mismo modus operandi. Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva, habría firmado el convenio, al igual que con la creación de Achifarp, con el objetivo de «asumir el control de la Dirección de Obras Municipales de Estación Central». Esto se habría hecho a través de una persona de su total confianza.
La denuncia enviada por Espejo a la Fiscalía Centro Norte solicita que se investiguen presuntos delitos, que se recogen de una acusación presentada ante la Contraloría. En respuesta a esta denuncia, el abogado Cristián Espejo afirma que tras la detención de Jadue, varias personas les han proporcionado antecedentes que, en su opinión, demuestran que desde Recoleta se amplió una red de corrupción que debe investigarse.
Entre los antecedentes adjuntados por el abogado, se informa que después de la firma del convenio, el arquitecto y funcionario de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta, Juan Hernández, fue enviado en noviembre de 2021 en «comisión de servicio» para liderar la misma dirección en Estación Central en un cargo subrogante. A pesar de que había profesionales con la experiencia necesaria para asumir esa subrogancia en ese municipio.
El querellante en el caso Jadue solicita a la fiscal Herrera que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito, después de que este funcionario del «círculo cercano de Jadue», según afirma, habría recibido un salario en ambos municipios.
Además, sostiene que tras la llegada de Hernández al municipio del centro de la capital, los proyectos inmobiliarios de la comuna se vieron afectados «particularmente con el excesivo atraso y demora en los plazos de otorgamiento», tanto de las modificaciones de permisos como de las recepciones definitivas, infringiendo los términos establecidos en la Ley.
Según los denunciantes, esto se habría realizado con el objetivo de presionar a las inmobiliarias. Ante este escenario, afirman que «aparecía en escena» el abogado Rodrigo Aros, quien representaba a Estación Central en las causas judicializadas «para negociar extrajudicialmente con las empresas inmobiliarias un acuerdo que les permitiera obtener a estas últimas las ansiadas recepciones finales de sus proyectos».
Todo esto, según el abogado Espejo, constituye el delito de exacción ilegal, ya que los funcionarios «han exigido un beneficio económico para el municipio de Estación Central por ejecutar un acto propio de su cargo», como es la entrega de la recepción final de un proyecto. En su opinión, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, tenía pleno conocimiento de la situación.
Además, también se denuncia el delito de prevaricación administrativa, ya que según los denunciantes, el funcionario Hernández dilató las recepciones de obras.
El documento enviado recientemente a la fiscal Herrera también da cuenta de la existencia de presuntos delitos de violación de secreto, ya que también apuntan al superior jerárquico de Hernández, el director de la Dirección de Obras de Recoleta, Alfredo Parra, quien también tendría conocimiento de lo ocurrido y que habrían mantenido comunicaciones respecto a las labores que realizaban, lo que constituiría el delito.
La acusación también expone que Parra es hermano del director de Desarrollo Comunitario de Estación Central, Germán Parra. «En la denuncia ante la Contraloría en análisis, don Alfredo Parra también tuvo alguna participación en las negociaciones con empresas inmobiliarias con proyectos en Estación Central», señala el texto enviado al Ministerio Público.
Por último, Smok denuncia que en toda esta situación se constituye el presunto delito de asociación ilícita, que es otro de los ilícitos que solicita a Herrera que se investigue. Ya que a su juicio «estamos frente a una verdadera organización criminal establecida con la finalidad de cometer delitos y obtener beneficios económicos, valiéndose de los cargos públicos que detentan algunos de sus miembros».
Este martes, el concejal Ivo Pavlovic (UDI) expuso la denuncia de Espejo durante el Concejo Municipal de Estación Central, sosteniendo que lo que le preocupa «tiene que ver con qué se hizo y cuáles fueron las medidas y cuáles fueron los resultados que tuvo el convenio firmado entre Recoleta y Estación Central».
En respuesta a esto, el alcalde aseguró que respecto a esta denuncia, la cual calificó como «infamia», ya que no tiene fundamentos, no se iba a referir. «Vamos a responder nosotros conforme a una querella, vamos a analizar desde la perspectiva legal cómo se responde ante una infamia de estas características», aseguró Muñoz.
